“El miedo ahora es otro”: cómo ha cambiado la vida en El Salvador en los 4 años de guerra de Bukele contra las maras
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Caminando por un vecindario de El Salvador construido sobre una colina, Adélia Rosales señala hacia un callejón: “Aquí aparecieron cinco muertos”.
Durante años vivió con su esposo y sus dos hijos pequeños en la Campanera, un barrio en las afueras de la capital, San Salvador, que en la última década se ganó la fama de ser uno de los más peligrosos del planeta.
“Íbamos a la iglesia con mis hijos cuando escuchamos el alboroto”, recuerda Adélia. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había muchos muertos en la colonia”.
Maestra de preescolar, cuenta que días como aquel eran comunes en el tiempo en el que la Campanera albergó a líderes del Barrio 18, una de las pandillas criminales que hicieron de El Salvador, un país de seis millones de habitantes, la nación con la tasa de homicidios más alta del mundo en 2015.
Gran parte de las muertes se debieron a la guerra entre el Barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha o MS-13.
Sin embargo, Adélia dice que en 2022 el escenario empezó a cambiar.
Fue entonces cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por aliados del presidente Nayib Bukele, decretó un régimen de excepción e impuso medidas drásticas para combatir el crimen.
Entre otras cuestiones, las medidas permiten a la policía arrestar personas sin órdenes judiciales y mantenerlas detenidas por largos períodos antes de una acusación formal, además de dificultar que los detenidos tengan acceso a la defensa.
Desde el inicio de este régimen de emergencia, que todavía está en vigor, unas 90.000 personas han sido encarceladas y acusadas de vínculos con pandillas, incluidos, según Adélia, todos los criminales que aterrorizaron su colonia.
“Ni en sueños imaginaba que algún día eso cambiaría, ¡y que lo haría tan rápido!”, exclama la maestra.
Durante una visita a la Campanera a finales de mayo, este equipo de BBC News Brasil no identificó ninguna señal de presencia de pandillas: los niños jugaban en las calles hasta altas horas de la noche, los clientes comían en los puestos de comida, y decenas de soldados armados con fusiles patrullaban el vecindario.
El “modelo Bukele”
En varias naciones de América Latina, candidatos que prometieron adoptar medidas similares a las del presidente salvadoreño en la lucha contra el crimen se han impuesto en elecciones presidenciales recientes.
El llamado “modelo Bukele” también está ahora en el centro del debate en Brasil de cara a los comicios generales de octubre, con candidatos como Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos (Misión), Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) que dicen inspirarse en el presidente de El Salvador y prometen adoptar políticas alineadas con sus métodos si ganan.
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Bukele se ha convertido en una referencia para políticos de otros países y goza de una gran popularidad en El Salvador gracias a la transformación de la Campanera y de otros barrios que antes estaban controlados por las pandillas.
En julio, un ranking de la consultora CB Global Data señaló a Bukele, con un 67,4% de aprobación en el país centroamericano, como el líder más popular de América Latina.
Para hacer cumplir su política de seguridad, sin embargo, el presidente ha concentrado el poder a un nivel sin precedentes en la historia reciente del país, un escenario que ha llevado a sus críticos a acusarlo de intimidar a la oposición y debilitar las instituciones democráticas. Él niega las acusaciones.
Hoy, 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa apoyan a Bukele. La maestra Adélia Rosales reconoce que muchos votantes ni siquiera saben los nombres de los diputados.
“Votamos a ciegas, mientras se comprometan a apoyar al presidente”, admite.
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Otros cambios legales y sentencias recientes han allanado el camino a la posible reelección ilimitada y han extendido el mandato presidencial a seis años.
Bukele ya ha anunciado que se postulará en las elecciones de 2027 en busca de un tercer mandato.
Una victoria lo mantendría en el poder hasta 2033, sumando un total de 14 años en el cargo.
Caída de homicidios, aumento de la pobreza
El equipo de BBC News Brasil estuvo en El Salvador durante 10 días entre mayo y junio, y visitó diferentes regiones del interior y de la costa del país, además de la capital.
Uno de los reflejos más visibles de la mejora en los indicadores de seguridad es el boom inmobiliario que vive el país, impulsado en parte por salvadoreños que residen en el extranjero, apoyan a Bukele y están invirtiendo en su tierra natal.
En los proyectos inmobiliarios que salpican la costa y la capital, San Salvador, un apartamento de tres habitaciones puede llegar a costar más de US$500.000. El país está dolarizado desde 2001.
En 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de El Salvador creció un 3,9%, por encima del promedio de crecimiento en Centroamérica (2,6%) y del promedio de crecimiento en los cinco años anteriores al gobierno de Bukele (2,4%). El desempleo cerró el año en 4,72%.
Según el Banco Mundial (BM), entre 2019 y 2023 (último año con datos disponibles), la proporción de hogares salvadoreños situados por debajo de la línea nacional de pobreza pasó del 22,8% al 27,2%, mientras que el porcentaje de familias por debajo de la línea de pobreza extrema se incrementó del 4,3% al 8,8%.
El BM señala que el aumento de la pobreza en un escenario de crecimiento económico se explica, en parte, por una disminución de los ingresos y de la calidad del trabajo entre los salvadoreños más pobres.
Muchos salvadoreños entrevistados por BBC News Brasil dijeron que les preocupa la economía, el mercado laboral y el costo de vida en el país.
En el centro de San Salvador, escenario de una reforma urbana que se ha convertido en uno de los principales escaparates del gobierno de Bukele, los contrastes entre el viejo y el nuevo El Salvador son evidentes.
En las pocas manzanas revitalizadas, hay turistas, el cableado eléctrico ha sido enterrado y las aceras y parques están bien cuidados.
Pero en las cuadras vecinas, el panorama es diferente: hay mucha basura en las calles, vendedores ambulantes y edificios en mal estado.
Para José Manuel, vendedor de chatarra, pocos salvadoreños se han beneficiado del impulso económico del país, mientras que la mayoría de la población lucha por sobrevivir.
Según él, la renovación del centro histórico es un “maquillaje para que crean que estamos bien”.
“No hay esperanza de salir de este ciclo, porque no hay trabajos”, dice mientras camina entre televisores viejos, bicicletas usadas y otros objetos desechados.
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Causas estructurales de la violencia
Para Juan Carlos Torres, analista de seguridad y profesor en la Universidad Don Bosco en San Salvador, Bukele atacó la cara más visible de la violencia, pero no sus causas, como la pobreza y la desigualdad.
Para el experto, la popularidad del presidente se debe, en parte, a su habilidad para comunicar y convencer a los salvadoreños de que viven “en el país más seguro del mundo”.
“Eso hace que la gente crea eso y que levante el teléfono para denunciar si ve a algún delincuente”, afirma Torres.
En 2025, el país registró 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de las Américas, inferior incluso que la de países como Estados Unidos (4,0), Argentina (3,6) y Canadá (2,0).
En 2015, cuatro años antes del inicio del primer gobierno de Bukele, el país contabilizaba 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más alta del mundo ese año y el peor indicador jamás registrado en el país.
Bajo el régimen de excepción, El Salvador redujo los niveles de violencia, pero también se convirtió en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
Hoy hay 1.659 presos por cada 100.000 habitantes, el 1,6% de la población del país.
En Estados Unidos hay 542 encarcelados por cada 100.000 habitantes y en Cuba 794, otros dos países que coronan la lista de países con mayor población carcelaria, según World Prison Brief.
Mientras, en Brasil, que ocupa el puesto15 del ranking mundial, la tasa es del 0,46%.
Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos dicen que el hecho de que haya esa cantidad de presos es reflejo del uso de criterios cuestionables por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
Según estas entidades, muchos arrestos se realizan a partir de denuncias anónimas, la apariencia física o pruebas débiles.
El gobierno salvadoreño, por su parte, dice que los arrestos están respaldados por la ley y que unas 9.000 personas detenidas durante el régimen de excepción han sido liberadas después de que las investigaciones concluyeran que no tenían vínculos con organizaciones criminales.
Este grupo representa alrededor del 10% del total de arrestados bajo el régimen.
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“Supe de la muerte de mi hijo en prisión por un post de Facebook”
Los hermanos José Alfredo y Vidal Adalberto Vega González fueron arrestados el 17 de mayo de 2022. Vivían en el Bajo Lempa, una zona rural unos 100 kilómetros al sur de San Salvador.
Para llegar a la región, el equipo de BBC News Brasil viajó por caminos de tierra que bordean manglares y atraviesan comunidades humildes.
Su madre, Marta Elena González, dice que sus hijos trabajaban en la pesca de camarón y que nunca tuvieron relación con criminales.
Sin embargo, según ella, ambos fueron detenidos por denuncias anónimas y acusados de tener vínculos con las pandillas.
Marta pasó tres años sin saber nada de sus hijos. Solo conocía el nombre de la prisión en la que se encontraban, cada mes, acudía allí a entregar comida y artículos básicos de higiene, lo que los familiares de los reclusos llaman simplemente “paquete”.
Lo hizo hasta que en abril de 2025, mientras revisaba Facebook, vio una foto de su hijo menor, José Alfredo, en una publicación que lamentaba su muerte. Era la publicación de una funeraria.
“Así fue como nos enteramos de su muerte. Nadie en la prisión nos avisó”, dice.
Al contactar a la funeraria, Marta dice que averiguó que, antes de morir, su hijo pasó nueve días en un hospital debido a una infección bacteriana.
“Y ni siquiera me avisaron para que pudiera verlo por última vez”, le cuenta la madre a la BBC, con la voz quebrada.
“Cuando se lo llevaron, ni siquiera estaba enfermo”, dice.
“Nos quedan muchas preguntas sin respuesta”.
José Alfredo dejó atrás una hija de 7 años, a la que ahora cría su exesposa.
Él es una de las 537 personas arrestadas durante el régimen de excepción que murieron estando bajo custodia del Estado antes de ser juzgadas, según Ayuda Legal Humanitaria, una ONG en El Salvador.
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Organizaciones de derechos humanos afirman que el sistema judicial del país está saturado y no es capaz de gestionar la cantidad de presos que esperan juicio.
Dicen que los detenidos pueden pasar años en la cárcel sin una acusación formal o sin saber de qué se les acusa.
Familiares de presos que hablaron con BBC News Brasil reportaron incluso casos de detenidos que, aun después de que la justicia ordenara su liberación, llevan meses esperando que se cumpla la orden.
BBC News Brasil consultó al gobierno de El Salvador sobre estos casos, pero no obtuvo respuesta.
Reiteradas solicitudes de entrevistas con ministros del gobierno y diputados aliados de Bukele para hablar sobre la política de seguridad del país también fueron rechazadas.
En 2026, para aliviar el sistema judicial, El Salvador puso en marcha juicios colectivos de miles de acusados de pertenecer a facciones. Pero los críticos dicen que estos megajuicios impiden analizar los casos individuales y perjudican el derecho de los acusados a defenderse.
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“Una dictadura de otro tipo”
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), un grupo que reúne a familiares de personas encarceladas bajo el régimen de excepción, asegura que El Salvador es ahora una dictadura.
“Él (Bukele) dirige el país como si fuera su propia empresa y no permite que nadie lo contradiga”, dice Ramírez, quien, durante la guerra civil salvadoreña (1979-1992), fue guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El grupo, con ideología marxista y apoyado por la Unión Soviética, luchó contra las tropas gubernamentales financiadas por Estados Unidos.
Tras el fin del conflicto, el FMLN se convirtió en un partido político. Bajo esa agrupación comenzó Bukele su carrera política, cuando en 2012 fue elegido alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán, en 2015, de San Salvador.
Hoy, el presidente pertenece a Nuevas Ideas, un partido que creó tras ser expulsado del FMLN por desacuerdos internos y que rechaza las etiquetas de izquierda y derecha, aunque los analistas lo describen como conservador.
Sin embargo, Ramírez matiza que no considera la administración Bukele una dictadura clásica, ya que dice que el gobierno intenta presentarse como una democracia.
“[Bukele] no es como Hitler o Pinochet. Nunca ordenó que nos disparen durante una manifestación, nunca ordenó que nos asesinen, porque sabe que hoy todos llevamos un celular”, explica Ramírez.
Este ingeniero habló con BBC News Brasil durante una manifestación en una soleada mañana de mayo, cuando unas pocas docenas de mujeres caminaban hasta la sede de la Fiscalía General de la República, en San Salvador, para entregar una carta pidiendo la liberación de sus hijos.
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Para el politólogo canadiense y experto en seguridad pública Robert Muggah, los resultados de las políticas de seguridad de Bukele son indiscutibles, pero se dieron “a expensas del sistema democrático”.
“Mi preocupación es que, a largo plazo, esto tiene serias implicaciones para la independencia de los tribunales, para los derechos civiles y para las garantías de los ciudadanos”, dice.
Los críticos acusan a Bukele de perseguir a sus opositores, incluidos periodistas y defensores de los derechos humanos. Muchos han abandonado el país en los últimos años, alegando temer por su seguridad.
El periódico digital El Faro, uno de los medios salvadoreños más críticos con Bukele, trasladó su sede a Costa Rica en abril de 2023.
Representantes del medio dijeron que el cambio se debió, entre otros factores, al miedo de que los periodistas fueran acusados de colaborar con las pandillas, ante la amplia interpretación de la legislación adoptada para combatirlas.
En varias ocasiones, el medio entrevistó a miembros de pandillas sobre supuestos vínculos y presuntas negociaciones entre estos grupos y funcionarios del gobierno.
Bukele niega perseguir a periodistas y organizaciones de derechos humanos.
En diversas ocasiones, dijo que estos grupos parecen estar más preocupados por proteger los derechos de los delincuentes que los de los ciudadanos afectados por la delincuencia.
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Muggah también cuestiona la posibilidad de replicar la política de seguridad de Bukele en países más grandes, como Brasil.
Según él, las pandillas salvadoreñas “eran muy territoriales y tenían marcas muy claras, como los tatuajes, que hacían que fuera relativamente sencillo saber quién era quién”.
Además, El Salvador no es un mercado relevante de drogas ni una ruta indispensable para el tráfico internacional, lo que limita el poder y la capacidad de expansión de estas organizaciones, afirma el politólogo.
Mientras tanto, el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), las principales agrupaciones criminales brasileñas, “funcionan más como empresas multinacionales que como pandillas callejeras”, lo que hace mucho más complejo combatirlas, según Muggah.
Después de adoptar esta estrategia, el país registró un número récord de homicidios el año pasado.
“Lo que pasó allí fue que la violencia terminó desplazándose a otras áreas”, observa Muggah.
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“El miedo ahora es otro”
Con la disminución de los índices de violencia en El Salvador, algunos se preguntan por qué el gobierno mantiene el régimen de excepción, una medida que debe renovarse cada 30 días.
Para el artista Melvin Gómez, que da clases de pintura a jóvenes en una comunidad pobre en las afueras de San Salvador, “el miedo ahora es otro: que la gente no pueda alzar la voz, su derecho a manifestarse, porque hay un régimen”.
En la Campanera, la maestra Adélia Rosales dice que espera que Bukele se mantenga en el poder durante varios años.
“Siento que aún no ha terminado el proyecto para dejarnos la seguridad ya establecida”, afirma.
Cuando se le pregunta si no teme que en El Salvador se repita una historia ya común en la región, en la que presidentes populares se convierten en líderes autoritarios que se niegan a dejar el poder, ella reflexiona: “Puede pasar. Nada está escrito en piedra, la política es un proceso dinámico”.
Aun así, dice que los cambios en la seguridad promovidos por Bukele la hacen sentirse esperanzada respecto a nuevos avances.
“Algunos pueden decir que la vida está cara, pero comer un plato de frijoles tranquilo no es lo mismo que comer un pedazo de carne pensando que van a tocar tu puerta y que te van a llevar”.
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