México busca la fórmula para dar calidad a la información sin otorgarle más poder al Gobierno

El debate sobre los derechos de las audiencias se ha convertido en México en un polvorín político marcado por la pugna entre el oficialismo y la oposición. Su regulación, sin embargo, bebe de una larga batalla impulsada por la sociedad civil desde hace más de una década, con múltiples tropiezos por el camino: desde la voluntad de gobiernos y legisladores hasta los tribunales. Todo convive en un magma que este viernes encara el fin de una fase fundamental, la consulta pública que ha abierto la puerta a las correcciones de los expertos y los ciudadanos, antes de llegar definitivamente al Congreso.

Los especialistas consultados por este periódico se muestran, en general, favorables a la propuesta, que trata de concretar lo que hasta ahora eran protecciones difusas. Muestran algunos recelos ante el carácter punitivo de la norma; la introducción del derecho al contexto, que no aparece en la legislación de la que derivan los nuevos lineamientos; y la falta de autonomía de la Comisión reguladora, que ya ha anticipado algunos cambios en las posibles sanciones. La clave, concuerdan todos, es hacer pedagogía sobre un derecho que todavía es muy desconocido.

Los dos ejes del proyecto tienen que ver con exigir a radios y televisoras un defensor de las audiencias y un código ético que los obligue a ser coherentes en la elaboración de sus informaciones. Estas, a su vez, deberán estar claramente diferenciadas de las opiniones y la publicidad. En ese sentido, argumenta Adriana Solórzano, profesora de Comunicación de la UNAM, “las defensorías forman parte de la libertad de expresión, que tiene tres componentes: buscar, recibir y difundir información”. “La mayor parte de la gente, cuando escucha el concepto, se centra en el componente de la difusión, pero también hay que defender a los que reciben [los contenidos]”, desarrolla la experta, expresidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias.

La incorporación de quien recibe y no solo de quien difunde los contenidos comenzó a tomar forma en México hace aproximadamente 20 años, con la llamada Ley Televisa. Esta puso sobre la mesa el conflicto entre los intereses de las grandes concesionarias y los de la población general. El movimiento estudiantil YoSoy132 apuntaló la necesidad de un debate profundo sobre la materia y este cristalizó en la reforma constitucional de 2013, que incluyó por primera vez el derecho de las audiencias.

Un año después se promulgó la ley que los desarrollaba y más tarde los lineamientos que los materializarían, pero estos nunca llegaron a entrar en vigor por lo que Solórzano considera “la contrarreforma” de 2017. Las asociaciones civiles interpusieron amparos, pero el texto original nunca fue repuesto pese a haber ganado algunas batallas judiciales. El resultado son 10 años de protección deficiente y la promulgación de una nueva ley en 2025. De esta deriva la propuesta actual.

“En los lineamientos de 2016 se garantizaba cierta objetividad en la interpretación y en la aplicación, porque lo regulaba un órgano autónomo”, explica Adriana Reynaga, integrante del consejo directivo de Amedi (Asociación Mexicana del Derecho a la Información) y del consejo consultivo del Canal de Congreso. Sin embargo, añade la profesora universitaria, “todo quedaba en buenas intenciones”. En la nueva propuesta, “hay espacios mucho más claros de acción, y eso es muy bueno”. Solórzano alerta de que puede ser peligroso que sea la Comisión [Reguladora de Telecomunicaciones] quien determine qué espacios, sanciones y procedimientos. Se gana en eficacia, pero se pierde la distancia prudente con el poder en turno, sintetiza.

Ese es uno de los elementos que despiertan mayores reticencias. El hecho de que la CRT dependa del Ejecutivo obliga a delimitar claramente sus funciones y capar al máximo su capacidad sancionadora, el otro punto espinoso de la propuesta. “Para muchas personas puede resultar inservible una figura sin dientes, pero es más peligrosa una figura con dientes”, pondera Reynaga.

La presidenta Sheinbaum ha especificado que las multas nunca guardarán relación con los contenidos de las publicaciones, sino que solo se aplicarán en caso de que el medio se niegue a establecer un defensor o un código ético, pero el texto presentado no es tan claro y abre la puerta a recargos de entre el 0,01% y el 1% de los ingresos acumulables en caso de incumplimientos de las “disposiciones previstas”, sin mayor detalle. Entre esas disposiciones está la delimitación de la información frente a la opinión, el derecho a la veracidad y a no recibir información descontextualizada o información histórica como si fuera actual, cuestiones difíciles de definir y que se prestan a interpretaciones discrecionales.

La mayoría de los países democráticos que cuentan con este tipo de regulación, en la que Europa es pionera desde el siglo pasado, se inclinan por modelos que priman las recomendaciones y la capacitación sobre las sanciones. Para impulsar una mejora real en el ejercicio del derecho de las audiencias, apuntan, es sobre todo fundamental que se difunda su existencia, todavía ampliamente desconocida y casi escondida. Ese tipo de sistemas autorregulatorios, matizan, se ha topado en México con una industria poco predispuesta a adoptar ciertas medidas internas. “Desde 2014, hay un solo ombudsman [defensor] para representar a todos los medios de comunicación privados. Si les das carta blanca para que decidan ellos, nunca lo van a implantar”, considera Luis Hurtado, experto en desinformación y autor del libro Fake News. El enemigo silencioso.

En la línea de los expertos mencionados se ha manifestado Artículo 19, la organización de referencia en la defensa de la libertad de expresión. Esta conmina a establecer “reglas claras, sanciones acotadas y a lo que la ley establece y un espacio de diálogo previo a la sanción”. Mientras todos celebran el intento de poner coto a la publicidad disfrazada sin pudor de información, se muestran igualmente preocupados por los poderes atribuidos a la Comisión para definir términos tan complejos como la veracidad. “No sabemos cómo van a actuar las personas encargadas de la Comisión. Debemos hacer una exigencia para transparentar también su comportamiento y las decisiones que tomen”, apunta Hurtado en ese sentido.

El momento político en el que se produce el debate es especialmente sensible. México se encamina a unas elecciones intermedias en 2027 en las que la oposición se lo juega todo: seguir condenada al ostracismo o darle un bocado al inmenso poder acumulado por Morena. La regulación de los medios de comunicación es clave en el tablero político, pues muchas batallas se juegan ahí tanto como en los parlamentos y las tribunas políticas. Con ese telón de fondo, los partidos de las bancadas contrarias han visto alimentada su sensación de agravio por una regulación que deja fuera a la gran conferencia gubernamental, la Mañanera, desde la que Sheinbaum difunde la acción de su Gobierno, pero también exhibe y replica a opositores y medios.

La discusión sobre cómo regular a los medios tradicionales, en cualquier caso, palidece ante el gigantesco universo digital, la gran cuenta pendiente. “7 de cada 10 mexicanos se informan por los medios digitales, no por la prensa, la radio o la televisión”, ejemplifica Hurtado. “En los últimos años, México ha sufrido un embate impresionante de desinformación”, agrega el experto, que recuerda que este es uno de los países más expuestos a las noticias falsas, según el prestigioso Instituto Reuters.