Marruecos despliega cientos de policías y militares en la frontera ante los llamamientos a una nueva irrupción masiva
Este sábado aparece marcado en rojo en el calendario de los responsables del Ministerio del Interior, pero también en el de las autoridades marroquíes. En las redes sociales circulan desde hace días mensajes que alientan a repetir las escenas vividas los pasados 30 y 31 de julio con miles de migrantes entrando de manera irregular en Ceuta a nado, bordeando el espigón de El Tarajal. “La frontera de Ceuta estará abierta el día 15 [de agosto], festivo en España”, rezan algunos mensajes difundidos a través de internet para animar a participar en una nueva irrupción masiva. Ante ello, Rabat ha reforzado el puesto fronterizo de Fnideq (Castillejos en su denominación colonial española) con cientos de miembros de las fuerzas de seguridad apoyados por tropas militares, según se observa en vídeos que circulan desde hace casi una semana en medios digitales del país magrebí. También se han difundido imágenes de la instalación de concertinas y alambradas en las vallas que marcan el límite fronterizo del lado marroquí.
“Se han tomado todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal e interceptar a cualquier persona que intente participar en él”, aseguró el miércoles Rachid el Jalfi, portavoz del Ministerio del Interior, quien definió el actual despliegue como parte de un “sistema de vigilancia continua” en los pasos de Ceuta y Melilla. El Jalfi instó a los ciudadanos a desoír llamamientos considerados “sospechosos y engañosos”, que suponen “graves riesgos para la seguridad de las personas”. Desde el otro lado de la frontera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, incidía este jueves en el mismo mensaje en una comparecencia ante la prensa durante su segunda visita a la ciudad autónoma: “Se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Ninguno de ellos se va a quedar [en Ceuta], ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado”.
En el lado español de la frontera, el refuerzo de efectivos también ha sido significativo, según se desprende de los datos facilitados este jueves por el ministro. Desde el inicio de la crisis, el número de policías y guardias civiles desplegados ha pasado de algo más de los 1.100 que componían las plantillas de ambos cuerpos a cerca de 1.600 que hay en la actualidad. Además, 2.000 militares han pasado a realizar funciones de apoyo. Sin embargo, estos esfuerzos no se centran solo en la frontera, sino que con ella también se busca hacer más visible la presencia de agentes en las calles —el ministro ha admitido que devolver la “normalidad” a Ceuta del 29 de julio “evidentemente” llevará tiempo ante las quejas de los vecinos que hablan de inseguridad―, como en agilizar la expulsión de los 5.000 migrantes irregulares que permanecen aún en la ciudad. Marlaska muestra así, una vez más desde que estalló la crisis, su confianza en que Marruecos asumirá buena parte de la responsabilidad de frenar cualquier intento de repetir una entrada masiva este sábado. “Siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional”, ha afirmado el ministro al ser preguntado por la colaboración entre Madrid y Rabat, incluso cuando se le recordó el anterior incidente grave en la frontera de Ceuta, la entrada de 10.000 migrantes en mayo de 2021.
Como ejemplo de esa disposición a impedir una nueva crisis migratoria, las autoridades marroquíes han asegurado haber detectado numerosos mensajes en las redes sociales para organizar y coordinar un nuevo cruce masivo este sábado hacia las ciudades autónomas españolas. Varias personas han sido detenidas y han sido procesadas tras ser acusadas de lanzar bulos para favorecer a la migración irregular, según informó el portavoz de Interior a la agencia estatal de noticias MAP. No obstante, y en línea con lo anticipado por los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia de Rabat, Interior reclama a las autoridades españolas que asuman sus responsabilidades y aceleren, por ejemplo, los procedimientos de retorno de los miles de menores marroquíes que irrumpieron en Ceuta ―Marlaska aseguró este jueves que se habían tutelado ya a 1.898― junto con decenas de miles de adultos. El ministerio de Interior marroquí también insiste en la alegación oficial de ese país de que la lucha contra la migración irregular y las redes de trata de personas no puede depender de los esfuerzos de una sola parte y exige una responsabilidad compartida para poder aplicar el mecanismo de “retorno inmediato” o responsabilidad compartida.
Mientras los ministerios de Exteriores e Interior, cuyos titulares son designados directamente por el rey Mohamed VI, mantienen un discurso diplomático institucional en la presente crisis migratoria, el ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, está adoptando un perfil de confrontación política con España. Como uno de los principales líderes del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM, centro derecha), el ministro Uahbi está en campaña para las elecciones legislativas que se celebrarán el 23 de septiembre, en las que se perfila como ganador el candidato de esa fuerza política, Fuzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y ministro de Presupuestos. El ministro marroquí de Justicia ha criticado a España por haber aceptado a los migrantes irregulares mientras su país, según ha afirmado, se ha esforzado por impedir su salida. En una entrevista con la agencia Efe, Uahbi declaró: “Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación”.
Sin embargo, EL PAÍS y otros medios constataron durante los primeros días de la crisis que en la frontera de Castillejos las fuerzas de seguridad marroquíes se inhibieron ante el paso de decenas de miles de migrantes irregulares hacia Ceuta. Una fuente gubernamental de Rabat justificó esta actuación a Efe tres días más tarde, en que las fuerzas de seguridad no se enfrentaron a la multitud para evitar daños. Pese a todo ello y a las voces discrepantes de la oposición, pero también en su propio Gobierno, Marlaska insiste una y otra vez desde el estallido de la crisis en que “la cooperación y coordinación” con Rabat ha sido “de una complicidad fuera de toda duda”. El mismo jueves que estalló la crisis, el entorno del ministro recuerda que este recibió una llamada telefónica de su homónimo marroquí, Abdelouafi Laftit, para intercambiar información sobre lo que estaba pasando en Ceuta.
Tras el despliegue de la barrera marítima en el espigón de El Tarajal y ahora otra similar en el dique sur de Melilla ―con una altura en superficie de entre 30 y 70 centímetros únicamente, pero que faculta a las fuerzas de seguridad a devolver en caliente a los migrantes en aplicación de la reciente sentencia del Tribunal Supremo―, los esfuerzos de Interior se centran no solo en el límite fronterizo. El mismo día de la entrada masiva, Interior envió cerca de 350 agentes para apoyar a las plantillas de ambos cuerpos en la ciudad, que aquel día se vieron desbordadas. En el caso de la Policía Nacional, se desplegaron cinco equipos (225 agentes) de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios), cuya misión principal ahora es el control de las playas donde se han asentado muchos migrantes, así como vigilar otros puntos sensibles.
Para hacer visible la presencia policial en las calles ―en los últimos días, los jueces de Ceuta han enviado a prisión a nueve de los migrantes llegados en la entrada masiva y han expulsado a otros dos por la comisión de diversos delitos―, Interior ha doblado los turnos de los policías de seguridad ciudadana. Ahora se les refuerza con 45 miembros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) procedentes de la península. A ellos se suman seis de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) que llegaron a la ciudad horas después de estallar la crisis migratoria para apoyar en las labores de filiación de los migrantes, y los 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras que se incorporan para agilizar las expulsiones. También hay seis miembros de la Comisaría General de Información, encargados de la lucha antiterrorista, aunque el ministro este jueves ha negado que la situación creada haya supuesto un incremento de la amenaza yihadista. “Estamos vigilando, estamos monitorizando a todas las personas que han entrado”, añadió.
Por su parte, la Guardia Civil envió 60 agentes para reforzar la vigilancia fronteriza y otros 160 para realizar labores de seguridad ciudadana. Para el control de la línea costera, el instituto armado ha enviado buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el buque Duque de Ahumada, el más grande del instituto armado, con una dotación de 12 guardias civiles. El Servicio Aéreo se ha reforzado con un helicóptero. Desde la semana pasada, a los agentes del instituto armado destinados en Ceuta, pero también en Melilla, no se les autorizan nuevas “vacaciones, permisos ni licencias” ante “la situación operativa derivada del incremento de la presión migratoria irregular”.
