El primer juez del ‘caso Leire’ apunta a personas de mayor “jerarquía” en la trama que la exmilitante del PSOE

El juez de Madrid Arturo Zamarriego apunta, en la resolución judicial por la que cede la investigación del llamado caso Leire Díez al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las tres personas a las que él investigaba —la propia exmilitante socialista que da nombre a la causa, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol— podrían ser piezas secundarias dentro del “importante entramado delictivo” que intentaba “neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil] sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes del Partido Socialista Obrero Español”. Por encima de ellas, añade, habría personas “que podrían tener mayor nivel de jerarquía”. En el sumario de Pedraz ya aparece como investigado el que fuera secretario de organización de los socialistas Santos Cerdán, además del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE.

La resolución judicial, fechada el 11 de agosto, ordena remitir todo el sumario, incluidas sus piezas separadas, a la Audiencia Nacional al considerar que ya es imposible mantener separadas ambas investigaciones, ya que los hechos de una y otra aparecen “indisolublemente unidos” y su esclarecimiento exige “la tramitación de una sola causa” para poder determinar “la titularidad del dinero recibido por Leire Díez”. En el escrito, Zamarriego señala que las pesquisas de Pedraz han aflorado la existencia de “una supuesta trama formada por políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios que se confabularon para ‘desestabilizar’ los procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno”.

En este sentido, el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid pone en valor las pesquisas que la UCO ha llevado a cabo en el marco de la causa abierta por el juez Pedraz. A su juicio, la actuación de los agentes ha permitido escalar desde Díez ―a la que responsabiliza de haber ofrecido a funcionarios de la Guardia Civil y de la Fiscalía “remuneraciones o favores a cambio de información o de actuaciones contrarias a sus cargos con el propósito de ‘atacar’ la correcta dirección de determinadas investigaciones”― a niveles superiores dentro de la supuesta organización delictiva.

Zamarriego subraya que la documentación intervenida por la UCO apunta a que la exmilitante socialista contó con el “impulso y soporte intelectual y/o financiero” de Cerdán, entonces número tres del PSOE, quien habría acordado remunerarla “por sus servicios con los fondos del partido”.

El juez de Madrid también recuerda que la investigación de la Audiencia Nacional señala a su vez a Zarrías y a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, por presuntamente haber “prestado sus sociedades mercantiles como vehículo para canalizar dichos pagos”. De igual forma, las pesquisas de Pedraz apuntan a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por supuestamente dar “las oportunas órdenes de encargo sobre las que se habrían emitido mendaces facturas que permitieron la transferencia de fondos del partido con destino a Leire Díez, y el empresario Javier Pérez Dolset”.

Por ello, Zamarriego concluye ahora que Díez, Pérez Dolset y Rusiñol, las tres personas a las que él investigaba, “podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado”. Y entiende que por encima de ellos en la red estarían personas “que podrían tener mayor nivel de jerarquía”.

Con esta resolución se pone punto y final a la disputa que, desde comienzos de junio, mantenían Zamarriego y Pedraz por la causa. El magistrado de la Audiencia Nacional requirió el primer día de ese mes a su compañero que se inhibiera al considerar que su investigación era más amplia, comprendía más delitos y alcanzaba a personas que no figuraban como investigados en el sumario del juez madrileño. Este demoró la decisión con el argumento de que tenía pendiente realizar algunas diligencias de investigación, entre ellas un informe pericial sobre una grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, al que la trama supuestamente pidió información sensible de Anticorrupción. La Fiscalía recurrió esa decisión al entender que dicha prueba no era imprescindible para decidir sobre la cesión o no de la investigación a la Audiencia Nacional. Ahora Zamarriego ha dado la razón al ministerio público.