El laberinto sin salida de los tiempos compartidos controlados por el Cartel Jalisco Nueva Generación

Una de las prioridades de la Administración Trump para desmantelar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es golpear a sus ingresos económicos. Una de esas fuentes de recursos, aparte del tráfico de drogas y de combustible, que le ha generado más de 400 millones de dólares en ganancias, es la fachada con la que operan estafas de tiempos compartidos para defraudar a ciudadanos estadounidenses y canadienses de la tercera edad. El pasado 19 de febrero, Washington sancionó a una red de 17 empresas en Puerto Vallarta y Nayarit, entre las que se señala al resort Kovay Gardens, por esta estafa, aproximadamente, más de 6.000 personas en EE UU. Testimonios de afectados y documentos a los que ha accedido EL PAÍS revelan un esquema que simula un laberinto sin salida, ya que los cobros ilegales para liberarse de estos paquetes vacacionales continúan realizándose casi seis meses después por parte de supuestas empresas en México y al norte de la frontera a nombre de este grupo criminal.

Un tiempo compartido es un modelo de propiedad vacacional donde se adquiere el derecho de uso y goce de un alojamiento (hotel o condominio) durante un periodo específico al año, generalmente una semana, pagando un precio inicial y cuotas de mantenimiento anuales. Laura, nombre ficticio para preservar la identidad de la víctima, cuenta que no tenía interés en adquirir otro servicio de este tipo en Nayarit. Ella ya tenía este tipo de paquetes vacacionales en otras locaciones, de los cuales quería prescindir. Cuando representantes de Kovay Gardens le presentaron su oferta y la empresa mexicana Blue Point Converters le ofreció comprar sus otras membresías, accedió a firmar un contrato.

Estima que pagó cerca de 30.000 dólares por su membresía en Kovay Gardens. Una de las cláusulas del contrato expresaba que, para recibir la ganancia de sus tiempos compartidos que vendió, tenía que esperar un año. “En un año iba a recibir más de 100.000 dólares por mis otros tiempos compartidos. Fue así que me convencieron. La compra del paquete en Kovay Gardens y el acuerdo de venta se hicieron el mismo día. Los documentos los proporcionó un representante de ventas de Blue Point Converters, de nombre César Cárdenas, y el que firmó la autorización, de parte del resort, fue Arturo Vera”, cuenta Laura por videollamada.

El acuerdo que firmó Laura se hizo en marzo de 2025, al pasar un año, esperó que se comunicaran para recibir el dinero prometido por la venta de sus tiempos compartidos. Sin embargo, de inicio le contestaban las llamadas dándole excusas y pidiéndole más tiempo, que se iban a comunicar con ella en siete días, hasta que dejaron de contestarle. Ahí se dio cuenta de que se trataba de una estafa. Esto fue en marzo de 2026, unas dos semanas después de que el Departamento del Tesoro denunciara a la red fraudulenta del CJNG en Kovay Gardens, que se materializó a través del fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien “tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes”.

Una estafa de manual

Su centro turístico se inauguró hace más de 20 años, según la acusación en su contra, colabora estrechamente con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., también afiliado a esa organización criminal, y quien fue señalado como facilitador de la venta de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente son defraudados. Una de las empresas sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) fue la Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., que provee diferentes servicios a Kovay Gardens, incluyendo el proceso de reserva de hoteles.

Laura dice que se enteró de las sanciones por amigos que vieron la noticia. En ningún momento, explica, recibió un correo, llamada o notificación del resort o de la empresa Administradora y Comercializadora del Mar con algún comunicado, aclaración o desmentido sobre las acusaciones de Washington. Kovay Gardens suspendió sus canales formales de atención, reservas y desactivó sus sitios web y redes sociales tras las sanciones impuestas por la OFAC y la Unidad de Inteligencia Financiera en México (UIF).

Ambas instituciones congelaron las cuentas y sancionaron a empresas e individuos ligados al complejo en Nayarit. Sin embargo, el pasado 14 de marzo, un correo de Kovay Vacations a sus miembros les informó sobre el cambio de dominio y canales de comunicación a Selvara Signature Collection, un alias vinculado a la empresa VG Desarrollos de la Bahía, con vínculos al resort y también en la lista de sancionados por la OFAC.

“Vendimos nuestra participación de tiempo compartido en Estados Unidos a Selvara Signature Collection a cambio de un complejo turístico mexicano llamado Kovay Gardens. Nos prometieron una suma superior al valor que estimábamos para nuestro tiempo compartido, o bien el reembolso total de nuestra inversión al cabo de un año. No recibimos nada”, afirma Huguill, otra víctima de fraude que pidió se mantenga su anonimato.

La estafa de Kovay Gardens parece de manual. A Jeremiah, otro ciudadano estadounidense que pidió reservar su nombre real, le sucedió exactamente lo mismo que a Laura. En una segunda etapa del fraude, las empresas Blue Sky Realty y Title Escrow Services, con oficinas en las ciudades de Massachusetts y Memphis, respectivamente, proponen asumir el incumplimiento de Blue Point Converters y comprarle sus tiempos compartidos de Kovay. Blue Sky le prometió pagarle cerca de 100.000 dólares por su plan vacacional en Nayarit y que Title Escrow Services se iba a ocupar de las gestiones.

Title Escrow Services le dijo que por darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria en México (SAT) tenía que pagar poco más de 60.000 pesos o un equivalente aproximado cercano a los 4.000 dólares. Sin embargo, el recibo que le compartieron muestra como beneficiario a Grupo Comercial Mow S.A.S. de C.V. Haciendo una revisión en el Registro Público de Comercio, esta empresa no está constituida legalmente.

Posteriormente, le dijeron que debía pagar más de 80.000 pesos (casi 5.000 dólares) por los impuestos estatales con referencia a la transacción por el tiempo compartido en Nayarit. También abonó esta suma por este presunto requerimiento. Para ambos trámites le compartieron documentos, tanto del SAT como un acuse de recibo a pagar por una declaración definitiva de impuesto estatal por parte del Gobierno de Ciudad de México, no así del Estado de Nayarit. En ambos documentos figura el nombre de Heriberto Sánchez Esquivel como presunto representante legal. El correo con ambas supuestas certificaciones se lo hizo llegar un representante de Title Escrow afirmando, falsamente, que el Gobierno mexicano lo emitió.

Inconsistencias en los documentos

Luis Pérez de Acha, abogado especialista en fraudes fiscales, revisó ambos documentos y concluye que son “completamente falsos”. “Si el inmueble o propiedad está en Nayarit, el Gobierno de Ciudad de México no pinta para nada. Segundo, la papelería del SAT y del Gobierno capitalino nunca viene junta. Tercero, habla de un impuesto estatal. El SAT no participa en el cobro de impuestos estatales. No tiene sentido. Claramente están falsificados”, explica vía telefónica.

Title Escrow también fungió como un supuesto enlace para crearle una cuenta en México en el Banco BBVA, donde supuestamente su inversión está depositada y lista para que pueda recuperarla. En otro correo le compartieron falsificaciones de estados de cuenta a su nombre en esta entidad bancaria a través de una supuesta “cuenta transfronteriza” de la “División Transfronteriza” de la misma institución. Funcionarios del BBVA le han dicho a este diario que estos documentos compartidos a Jeremiah presentan “inconsistencias”. Asimismo, un portavoz oficial del banco afirma que no cuentan con un producto denominado como “cuenta transfronteriza”.

La última exigencia que le hicieron a Jeremiah es el pago de casi 6.000 dólares (más de 100.000 pesos mexicanos) por el concepto del pago de impuestos federales para que pueda recibir los más de 100.000 dólares que le prometieron por su tiempo compartido. EL PAÍS contactó a la UIF para dar a conocer las denuncias recibidas y si se han tomado acciones adicionales aparte de las sanciones emitidas en febrero pasado. Un portavoz ha dicho que “por el momento no podemos dar declaraciones al respecto”.

Maxine, otra denunciante que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias, afirma que un bufete de abogados, ubicado en Monterrey, de nombre Sander, Meyer y Asociados, se ha comunicado con ella como representante de Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., empresa desarrolladora de Kovay Gardens en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.

En el correo que le enviaron le explican que el desarrollador los ha contratado para tratar directamente con los clientes afectados. El despacho de abogados le hizo una propuesta de pago único de más de 200.000 dólares por un “incumplimiento contractual” por parte de Blue Point Converters para “resolver la controversia entre las partes con el fin de mitigar cualquier impacto en la reputación y resolver este asunto con prontitud”. Cientos de afectados organizados en grupos en Facebook por el fraude de Kovay Gardens señalan que estos supuestos despachos legales suelen suplantar registros de empresas con nombres corporativos formales parecidos para dar una falsa sensación de seguridad. “Te contactan para prometerte millonarios acuerdos de indemnización, pero te exigen antes transferencias previas por concepto de aranceles, impuestos o trámites legales”, dice un usuario afectado en uno de estos espacios virtuales.

Otras empresas que parecen actuar con el mismo modus operandi y que han contactado a Laura, Jeremiah y a Maxine son Boutique Private Residence Club, con base en Punta Mita, en Nayarit; o compañías inmobiliarias como Philly 1st Real Estate o East Coast Real Estate Investments, ambas supuestamente ubicadas en Filadelfia, en EE UU.

“Les prometían obtener ganancias por venderlos o alquilarlos. Pero antes debían pagar ‘impuestos’ y una ‘tarifa inicial’. Por supuesto, esas ganancias nunca llegaron”, relató Thyssen Duva, fiscal adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y añadió: “Este sofisticado esquema generó una fortuna ilícita que el CJNG utilizó para financiar sus operaciones: traficar drogas, comprar armas y pagar sobornos”.