Italia y Dinamarca vinculan la “inmigración descontrolada” con la delincuencia y piden centros de deportación tras la crisis de Ceuta
La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, han lanzado un nuevo pulso conjunto para endurecer la política migratoria europea. En una carta firmada por ambas dirigentes y publicada en sus redes sociales, relacionan explícitamente la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia y utilizan ese argumento para reclamar más expulsiones y la creación de centros de deportación en terceros países.
“Nadie puede negar los efectos negativos de la inmigración ilegal sobre nuestras sociedades”, sostienen Meloni y Frederiksen. Sin aportar fuentes, estadísticas o estudios que sustenten sus tesis, entre esos efectos citan el aumento de la criminalidad, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Las dos mandatarias ponen un énfasis especial en los inmigrantes en situación irregular, “que carecen del derecho a permanecer en nuestros países” y que “cometen delitos violentos, trafican con drogas o son autores de agresiones sexuales”. Este vínculo entre inmigración y seguridad se ha convertido en uno de los pilares de sus respectivos discursos políticos, aunque a menudo formulan estas afirmaciones sin aportar datos o estudios concretos que las respalden.
A las dos jefas de Gobierno les une desde hace tiempo una llamativa sintonía política, especialmente en materia migratoria, acentuada tras la crisis desatada en Ceuta, pese a proceder de tradiciones ideológicas muy distintas. Meloni y Frederiksen fueron de las primeras mandatarias en pedir la suspensión temporal de España del espacio Schengen tras la entrada de miles de ciudadanos desde Marruecos a territorio ceutí el pasado 31 de julio.
La relación de las dos dirigentes comenzó hace casi cuatro años en Bruselas durante una reunión sobre política migratoria y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los tándems más singulares de la política europea.
Relación bilateral
Pese a los casi 2.000 kilómetros que separan Roma de Copenhague, las dos jefas de gobierno han encontrado un terreno común en la defensa de una línea más dura sobre inmigración. Meloni ha elogiado en varias ocasiones el pragmatismo de la líder socialdemócrata danesa, a la que considera una dirigente “muy operativa y concreta”, mientras que las dos capitales han coordinado cada vez más sus posiciones en Bruselas para impulsar reformas en materia de deportaciones, control de fronteras y externalización de la gestión migratoria. “Con Mette es fácil: es una persona muy práctica. Coincidimos en el pragmatismo y trabajamos muy bien juntas porque tenemos puntos de vista diferentes y un objetivo común: el bien de los ciudadanos”, ha dicho Meloni en alguna ocasión. Los medios italianos aseguran que ambas líderes mantienen un contacto frecuente e intercambian habitualmente llamadas telefónicas y mensajes.
El pasado enero, otro episodio contribuyó a reforzar la relación entre ambas. Meloni sorprendió al sumarse a una carta de apoyo a Dinamarca frente a las presiones de Donald Trump sobre Groenlandia. El gesto fue interpretado como una toma de distancia respecto al presidente estadounidense, con quien Meloni todavía mantenía una fuerte sintonía en aquel momento. Y tuvo un gran valor político para Frederiksen, que vio cómo una de las dirigentes europeas más próximas a Trump —poco después, a raíz de la guerra de Irán, la relación del presidente estadounidense y Meloni empezaría a descomponerse— se alineaba públicamente con Copenhague.
“Somos conscientes de que muchos podrían cuestionarse nuestra colaboración. Procedemos de posiciones políticas muy diferentes y, sin duda, no estamos de acuerdo en todo. Somos las dos únicas mujeres al frente de un gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa”, se justifican en la carta. Y puntualizan: “No aceptamos una inmigración descontrolada hacia Europa, y hemos promovido una política migratoria rigurosa, tanto en nuestros países como en Europa”.
En una carta que presentan como “un conjunto de reflexiones sobre el futuro de Europa, la seguridad de sus ciudadanos y la necesidad de defender nuestros valores y nuestro modo de vida”, ambas dirigentes defienden que Europa debe disponer de más instrumentos para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. En este sentido, reivindican los avances logrados para facilitar las deportaciones y reclaman ir un paso más allá con la creación de centros de repatriación en países terceros, donde serían trasladados los inmigrantes pendientes de expulsión.
Las dos mandatarias aseguran que, actuando conjuntamente, han contribuido a “modificar el equilibrio en la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves”. Según sostienen, como consecuencia de ese nuevo enfoque, “ahora deberían aumentar las expulsiones”, una de las principales reivindicaciones de los países que defienden una política migratoria más restrictiva. “Juntas hemos logrado modificar el equilibrio en la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves. En consecuencia, ahora deberían aumentar las expulsiones”, señalan. Y agregan: “¿Y qué más podemos hacer ahora? Es necesario crear centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa. Estamos trabajando en ello con ahínco”.
Repatriaciones
Se trata de una de las propuestas más controvertidas que circulan actualmente en Bruselas y que Italia lleva tiempo impulsando para replicar a nivel europeo su modelo de centros de deportación en Albania, pese a que sigue sin funcionar y las instalaciones albanesas llevan casi dos años prácticamente vacías. Roma ha intentado impulsar esta iniciativa mediante acuerdos con países extracomunitarios, como Ruanda, Uganda, Uzbekistán e, incluso, Montenegro, aunque hasta ahora se ha topado con numerosos obstáculos jurídicos y políticos.
En la carta, las dirigentes incorporan también un componente cultural e identitario y reivindican la herencia cristiana de Europa. “Ambas estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo. Esperamos que quienes llegan a nuestros países y deciden hacer de Europa su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos”, apuntan. Es una idea que Meloni repite con frecuencia y que cada vez tiene más eco en distintos países europeos. “El respeto de nuestras leyes debe ir de la mano del respeto de los valores europeos. Esto se aplica a los migrantes ilegales, pero también a los millones de ciudadanos extranjeros que viven legalmente en nuestros países y en toda Europa”, añaden las jefas de gobierno italiana y danesa en su misiva.
La carta presenta la inmigración irregular como un problema que afecta especialmente a los ciudadanos europeos. Meloni y Frederiksen afirman que “la gente de a pie ha pagado un precio demasiado alto” por una inmigración “descontrolada” y justifican así la adopción de medidas más restrictivas, que consideran necesarias para ofrecer “respuestas concretas” a los ciudadanos, “especialmente a los más vulnerables” para “garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades”.
