La Fiscalía de Godoy reabre el caso Next Energy, un expediente de corrupción que quedó en el cajón en la era de Gertz Manero

A petición de Morena, la Fiscalía General de la República ha sacado de la congeladora un caso de corrupción que apunta a la hoy gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Las irregularidades en un convenio firmado en 2019 entre el ayuntamiento de Aguascalientes -cuando Jiménez era presidenta municipal- y la empresa Next Energy tienen bajo investigación a cinco exfuncionarios, ya imputados ante un juez. El presunto desfalco fue denunciado desde 2022 por dirigentes y legisladores morenistas que, en 2025, acusaron al exfiscal Alejandro Gertz Manero de ignorarlo y encubrir a la gobernadora del PAN.

El caso, que fue denunciado por primera vez en 2022 por el entonces dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adquiere tintes políticos de cara a la elección de la gubernatura de Aguascalientes, programada para junio de 2027, y se da en medio de las actuaciones de la FGR en contra de panistas como el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quienes han acusado un uso político de la justicia.

Gertz Manero desestimó el caso

El 3 de diciembre de 2025, cuando el pleno del Senado se aprestaba a elegir a la nueva fiscal general de la República, la senadora Nora Ruvalcaba, representante de Aguascalientes y aspirante de Morena a la gubernatura, subió a tribuna para denunciar que la FGR de Gertz Manero –recién removido del cargo– no había investigado el saqueo por el contrato con Next Energy. “Hace más de tres años se presentaron las denuncias pertinentes y bastó solo la visita de la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, a la Fiscalía General de la República para que ésta no molestara a Next Energy, a Banco Afirme ni a los servidores públicos coludidos, ni con el pétalo de un citatorio o una diligencia”, expresó la senadora en la comparecencia de las tres candidatas al cargo.

Minutos después, el pleno del Senado votó a favor de Ernestina Godoy, una abogada militante de Morena y colaboradora cercana tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante la pregunta de la senadora de cómo sepultar la percepción de que la Fiscalía “se encuentra al servicio del poder económico y político”, Godoy ofreció no fabricar culpables ni ejecutar persecución política, pero advirtió: “Desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad”.

No era la primera vez que Ruvalcaba llevaba el tema a la tribuna del Senado. El 18 de febrero de 2025, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR a presentar un informe sobre el avance de sus indagatorias a raíz de las irregularidades denunciadas en el llamado “Programa de eficiencia energética con la empresa Next Energy del Centro”, firmado por la administración de la alcaldesa Teresa Jiménez y que, según las denuncias, causó un desfalco a la hacienda municipal, que habría pagado más de 1.500 millones de pesos sin recibir el servicio de energía que supuestamente habría de suministrarse a los pozos de agua potable.

Las acusaciones de la FGR no involucran por el momento a Teresa Jiménez, quien pasó de alcaldesa de la capital de Aguascalientes a gobernadora del Estado en las elecciones locales de 2022, pero sí a altos funcionarios ligados política y profesionalmente con ella: el actual presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Aguascalientes, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, quien se desempeñaba como secretario del ayuntamiento y director general de Gobierno; el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Alfredo Martín Cervantes García, quien ocupaba el mismo cargo en el ayuntamiento; Mónica Marcela Díaz Aranda, directora administrativa de Radio y TV de Aguascalientes y encargada de despacho de la Secretaría de Administración el año que se cerró el contrato; Luis Alberto Rivera Vargas, quien fuera síndico procurador del municipio, y Rodolfo Telles Moreno, quien fuera el administrador del contrato en su calidad de secretario de Servicios Públicos del ayuntamiento.

Desde hace un mes, los cinco funcionarios fueron citados a declarar en las oficinas de la FGR en Ciudad de México, pero no se presentaron. Después, se les citó en la oficina de la Fiscalía en Aguascalientes, y tampoco acudieron. En cambio, algunos de ellos han tramitado amparos para no ser aprehendidos.

Resarcir el daño y sanción

La senadora Nora Ruvalcaba acudió en marzo de 2026 ante el Ministerio Público federal para pedir que la FGR atrajera el caso, luego de que se declarara incompetente en tiempos de Gertz Manero y dejara las investigaciones en manos de la Fiscalía local, controlada por la gobernadora. La senadora solicitó calidad de víctima y argumentó que el caso Next Energy implica una afectación mensual a las participaciones federales en un porcentaje que rebasa los límites establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Con esos argumentos, consiguió que la Fiscalía de Ernestina Godoy descongelara el expediente.

“Por fin en la Fiscalía General de la República se están persiguiendo los delitos, los cometa quien los cometa. Nos dio mucho gusto que, una vez que nos apersonamos en la Fiscalía para argumentar, le hayan dado continuidad al caso. Los delitos que se configuran son el desvío de recursos y el de peculado, porque todo el dinero, poco más de 2.000 millones de pesos hasta ahora, se entregaron a la empresa sin que la empresa diera un solo watt como contraprestación”, ha dicho Ruvalcaba a EL PAÍS.

La senadora ha afirmado que las indagatorias deben llegar hasta la gobernadora Teresa Jiménez, quien concluye su encargo luego de las elecciones locales programadas para junio de 2027. “Ella está muy consciente de ello, por eso está buscando una diputación federal, porque quiere fuero, porque quiere permanecer muchos años sin poder ser juzgada. Pero nosotros esperamos que sí, algún día alcance la justicia a todos los verdaderos responsables”, ha dicho.

Hasta el momento, la única persona procesada por el caso es el dueño de la empresa Next Energy, Eugenio Javier Maiz Domene, quien ha denunciado recientemente que las autoridades de Aguascalientes fabricaron las carpetas para procesarlo penalmente. El empresario ha expresado recientemente su preocupación por su integridad y la de su familia, señalando directamente a la gobernadora panista, a su esposo, el exdiputado federal Luis Alberto Villarreal, y al grupo político que los respalda en la entidad.

Para la senadora morenista, la detención del empresario no es suficiente para resarcir el daño al municipio de Aguascalientes y al Estado en general. “No lo queremos en la cárcel, de él queremos la devolución del dinero. Y esperamos sanción para los verdaderos responsables, los firmantes del contrato”.

La empresa Next Energy también está involucrada en contrataciones irregulares y presuntos desvíos en Baja California, durante la administración del exgobernador morenista Jaime Bonilla, y en el municipio de Monterrey, Nuevo León, en la administración del priista Adrián de la Garza.