Alejandro Ramelli, presidente de la JEP: “No hemos recibido respuesta del Gobierno entrante a nuestra invitación a conversar”

Entre una privilegiada vista a los cerros orientales de Bogotá y varias reproducciones de un fresco italiano del siglo XIV que representa el buen y el mal gobierno, Alejandro Ramelli (Bogotá, 56 años) suma casi dos años como presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que investiga y sanciona a los máximos responsables de los crímenes más graves del conflicto armado como eje del sistema de justicia transicional pactado en el Acuerdo de Paz de 2016. Bajo su presidencia, la JEP ha emitido sus primeras cuatro sentencias —contra exjefes de las antiguas FARC y contra militares—, con al menos tres más previstas antes de fin de año. A días de la posesión como presidente de la República de Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado recortes al Estado que amenazan el presupuesto y la arquitectura institucional necesaria para cumplir esas sentencias, Ramelli recibe a EL PAÍS con una advertencia: si las sentencias no se cumplen, “no sería culpa nuestra”.

Pregunta. ¿Cómo se está preparando la JEP para el cambio de Gobierno, dados los anuncios que ha habido hasta el momento?

Respuesta. Seguimos trabajando. Consideramos que lo más conveniente para el proceso de paz, para las víctimas y para los comparecientes es un trabajo armónico con el Ejecutivo. Decir esto puede sonar extraño en la rama judicial, porque dentro de una visión clásica de separación de poderes casi no se habla de eso. Colaborar no significa romper nuestra independencia y autonomía, que es intocable, tampoco que aceptemos ser monitoreados. Pero hay que entender que, por nuestra misionalidad y por la adecuación de nuestras sentencias, se requiere una articulación que no le hace falta al resto de la rama judicial. Para los fines del cumplimiento de las sentencias, que no consisten en enviar a alguien a la cárcel, sino en organizar su trabajo en proyectos en el territorio, es indispensable hacerlo.

P. ¿En qué estado queda esa colaboración con el Gobierno actual? Cuadrar los proyectos y el presupuesto fue un trabajo difícil…

R. Es un trabajo que ya está dando resultados y que hay que continuar. Construir proyectos desde cero es muy complejo, puede tomar varios años, y por eso había que prepararnos desde antes de emitir las primeras sentencias. Yo siempre he propuesto mirar cuáles están ya financiados y con alguna viabilidad dentro de la oferta institucional del Estado, para retomarlos. Por eso tiene que haber colaboración con el Gobierno.

P. ¿Existe entonces algo así como un banco de proyectos, una preselección?

R. Sí. Vemos que pueden venir de cuatro fuentes (la oferta institucional del orden nacional, la del orden territorial, la cooperación internacional y los privados) y, tras varios meses en los que Planeación Nacional cruzó eso con nuestros requerimientos, identificamos al menos 88 proyectos que nos pueden servir, que van de la mano de los casos que llevamos y las regiones en las que se deben hacer los proyectos. Aunque tenemos ese avance, lo que sigue es difícil: falta más financiación, los proyectos no están totalmente completos, faltan más cosas. Nos demoramos un poco más, pero era clave hacerlo porque es un ejercicio que nunca se había hecho en Colombia. Los jueces suelen sencillamente definir una cantidad de meses o años de cárcel, cierta multa, y ya. Es novedoso que los comparecientes contribuyan a los proyectos, pero eso trae desafíos contractuales, administrativos y presupuestales. Avanzamos también con el decreto de condiciones, que fija quién financia la habitabilidad, la seguridad, los riesgos que corren los comparecientes. Si eso no se implementa, no se van a poder cumplir las sentencias. Y, ojo, ese incumplimiento no sería culpa nuestra: nosotros hacemos lo que nos corresponde.

P. Si se dan esos incumplimientos, ¿puede llegar a la Corte Penal Internacional?

R. Puede sonar remoto, pero la CPI dijo que si no hay un tipo de sanción con medidas restrictivas a la libertad, pueden volver a examinar el caso de Colombia. Si revisan las sentencias de apelación que emitimos, traen una programación: dónde van a cumplir las sanciones, a qué hora, cómo se van a monitorear. Eso ya está. Ahora, nosotros hacemos nuestra parte en el monitoreo, que requiere financiación; lo otro requiere financiación del Gobierno. Uno puede tener ya toda la planeación para los ocho años, pero el cumplimiento requiere recursos, algo en lo que siempre he insistido.

P. El Gobierno entrante llega con la idea de reducir el Estado, y hay varias entidades importantes para cumplir sus sentencias, como la Agencia para la Reincorporación o la Unidad de Víctimas. ¿Qué ocurriría si llegan a desaparecer?

R. Puede pasar. Uno puede dar una orden para que la cumpla una entidad, y luego ya no existe; entonces hay que mirar quién puede suplir su función. Lo preocupante no es que cambien o fusionen entidades, sino cómo se preserva la función y ver si la dejan en un lado donde no hay ni infraestructura, ni personal, ni presupuesto, porque se convertiría en algo nominal.

P. Parte de la preocupación viene por ahí: la JEP ya enfrentó dificultades presupuestales en el pasado. ¿En qué está el presupuesto para el próximo año, con el Gobierno entrando en unos días?

R. El Gobierno actual ya presentó su proyecto de presupuesto, pero viene el debate en el Congreso. Nuestra idea es, por lo menos, seguir con lo que tenemos. A veces nos comparan con otras entidades sin tener en cuenta que somos una jurisdicción con tres componentes —la magistratura, la Unidad de Investigación y Acusación, la Secretaría Ejecutiva— que hacemos lo que harían seis entidades del Estado. Investigamos, como la Fiscalía. Juzgamos como los jueces. Garantizamos protección a víctimas y comparecientes, como la UNP (damos las órdenes y pagamos los esquemas con nuestro presupuesto). Brindamos apoyo psicosocial a víctimas y comparecientes que asisten acá, como el Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del Ministerio de Salud. Vigilamos el cumplimiento de las sentencias, como harían los jueces de ejecución de penas. Por último, tenemos la parte administrativa. Al analizar el presupuesto, se debe entender que no somos una corte que solo emite sentencias. En este modelo de justicia, si las víctimas no están protegidas, no declaran; si no hay acompañamiento psicosocial, no va a funcionar lo restaurativo; si no se monitorean las sentencias, nadie responde por ellas. Todo es esencial para que el modelo funcione.

P. ¿Han recibido señales de que el nuevo Gobierno lo entiende? Inicialmente decía que buscaba eliminar la JEP, pero el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, dijo que desean revisarla. ¿Han tenido comunicación para entender esos mensajes?

R. Hemos hecho seguimiento a esas manifestaciones. Veo a quien será ministro de Justicia con muy buena actitud de trabajar con nosotros, pero ese diálogo tiene que darse en el marco de la separación de poderes. El porqué investigamos a alguien y no a otro es parte de nuestra autonomía judicial; la financiación es otra cosa. Yo no les pregunto cosas de política pública: cada quien tiene sus competencias, lo cual no significa que no podamos trabajar conjuntamente para los fines estatales.

P. Este Gobierno muestra señales de hablar con las altas cortes, un cambio tras la difícil relación con el Ejecutivo saliente. ¿Se sienten incluidos en ese diálogo?

R. Hemos venido haciendo la invitación a conversar directamente; incluso enviamos una carta formal. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta.

P. En esta transición, ¿cuál ha sido la estrategia para explicar a la gente el modelo de justicia de la JEP?

R. Tenemos una política de comunicaciones desde hace tiempo, escrita y de conocimiento público. Pero, a pesar de que existimos hace más de ocho años, es un modelo que no termina de comprenderse. El debate sigue centrado en la cárcel, que es parte de la discusión, pero hay que ver la verdad que hemos obtenido, la reconciliación lograda, el despliegue territorial… Lo más importante es mostrar las bondades del modelo de justicia, que tiene más beneficios que problemas. Le ha servido más a Colombia que lo que había antes. Si no se hubiera suscrito el Acuerdo de Paz, ¿cómo estaríamos? Con 13.000 integrantes de la guerrilla todavía en armas y con miembros de la fuerza pública en la cárcel. Desde una lógica meramente económica, cuesta más la guerra que la paz. Hay quienes prefieren la guerra porque es un buen negocio para ellos, pero en términos económicos es más rentable para un país un proceso de paz, incluso sin contar los costos intangibles: vidas humanas, sufrimiento, muertos. Es un modelo que, sin ser perfecto, ha dado resultados en imputaciones contra máximos responsables, delitos y personas que nunca se habían investigado, verdades que no se sabían, entrega de cuerpos de víctimas de desaparición. Eso no se puede calcular económicamente.

P. ¿Qué puede esperar Colombia de la JEP en los próximos años? Recientemente salieron las primeras sentencias…

R. Vamos cuatro y calculo que para fin de año tendremos 7 en nuestos 11 macrocasos. Pero más allá del número, así se mira tradicionalmente la rama judicial: cuántas sentencias produce. El tema es por qué delitos y contra quién. Si miramos la primera sentencia contra las FARC por secuestro, solo esa en la justicia ordinaria habrían sido cerca de 21.000 sentencias individuales, pues habría investigado hecho por hecho. La Corte Penal Internacional se demoró ocho años en sacar una sola sentencia contra una persona, mientras acá tenemos a todos los miembros del secretariado de las FARC que sobrevivieron a la guerra. Y la historia no termina ahí: ellos también están imputados por reclutamiento de menores y por violencia basada en género en otro macrocaso. Además, habrá sentencias contra los mandos medios, contra comandantes de bloque o de frente. Muchas son por delitos que casi no se habían investigado: por reclutamiento de menores, la justicia ordinaria había logrado ocho condenas; por violencia sexual, ninguna; por daños ambientales, ninguna; por victimización de comunidades étnicas, ninguna. El tema no es solo pensar “si sacaron pocas sentencias, son malos jueces”, sino contra quién y por qué.

P. También vienen juicios contra quienes no han reconocido su responsabilidad, sobre todo exmilitares.

R. Ahí también se ha tratado de generar una narrativa equivocada: que los militares van a acabar en la cárcel y los guerrilleros sembrando lechugas. Si lo quieren ver así, es que los exmilitares también: cerca del 85% ha reconocido responsabilidad, así que van a tener la misma sanción que los exFARC. El modelo no diseña sanciones diferentes; son las mismas para todos. Lo que cambia es que cada uno, con su abogado, decide si cree que puede ganar un juicio, en el que lo pueden declarar inocente o culpable, o si creen que hay muchas pruebas y es mejor acogerse a la vía restaurativa. Hay otro fenómeno que está empezando, el de militares que aceptan cargos ya iniciado el juicio. Tenemos dos casos. La primera sentencia por eso fue la del coronel Germán Alberto León, excomandante de batallón en Casanare. Terminó condenado a cinco años y tres meses de cárcel, mientras que en la justicia ordinaria, de haber aceptado los mismos cargos, habría llegado a 20 años de prisión.