Las interrogantes tras la muerte de cuatro mexicanos en un centro del ICE en California
La piel fue la primera en dar la alarma. El color del rostro de Alberto Gutiérrez Reyes dejó de ser el mismo hasta adquirir un tono amarillento que inquietó a quienes compartían celda con él en el centro de detención para inmigrantes de Adelanto, California. Después llegaron el cansancio, la falta de apetito, el desánimo y el aislamiento. El mexicano, que llevaba apenas unas semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejó incluso de salir al patio. “Un día le dije: Beto, tú estás mal. Te voy a sacar para que llamemos a los médicos”, recuerda un migrante que convivió con él. Según su relato, Gutiérrez Reyes pidió varias veces que lo atendiera un médico, pero nadie acudió. “Cuando por fin lo sacamos, se le empezó a dormir el brazo y se desmayó”. Lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano. Nunca regresó. Dos días después, murió.
“A él lo desatendieron por completo”, afirma este migrante, que aceptó ser entrevistado por EL PAÍS con la condición de proteger su identidad. Él recuerda haber intentado aliviar el dolor de Gutiérrez Reyes con analgésicos que compraba con su propio dinero en Adelanto. Su muerte, dice, dejó al descubierto el temor que comparten muchos detenidos. “Fue muy impactante porque te das cuenta de que la atención que recibes ahí no es buena. Te limitan la comunicación con tu familia para que no sepan que estás enfermo. Si te pasa algo, nadie se entera”.
La lista de mexicanos fallecidos en Adelanto no termina con Gutiérrez Reyes. En lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump, otros tres migrantes del vecino país —Ismael Ayala Uribe, Gabriel García Avilés y José Guadalupe Ramos Solano— también han muerto bajo custodia del ICE mientras estaban recluidos en Adelanto. Sus familiares sostienen que hubo deficiencias en la atención médica que recibieron. La Cancillería de México ha exigido una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon estas muertes. El Gobierno estadounidense, en cambio, rechaza que hubo negligencia.
Un centro plagado de quejas
Con los fallecimientos de Alberto, Ismael, Gabriel y José Guadalupe, Adelanto acumula el mayor número de muertes de migrantes bajo custodia del ICE durante el segundo mandato de Trump. Comparte este registro con Krome North, en Miami, Florida, donde también han fallecido cuatro personas desde enero de 2025, según un conteo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). A nivel nacional el problema es mayor: un total de 54 personas que estaban en centros de detención migratoria han perdido la vida desde enero de 2025, una cifra que se encamina a un preocupante récord histórico.
Sin pronunciarse específicamente sobre la muerte de estos cuatro mexicanos en Adelanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que, pese al incremento de la población recluida en varios centros de detención del ICE, ha mantenido estándares de atención médica inclusive “superiores” a los de prisiones federales. “Para muchos inmigrantes indocumentados, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”, afirmó la dependencia en una declaración enviada a EL PAÍS. El DHS asegura además que, hasta el 29 de mayo, la tasa de mortalidad bajo custodia era del 0,008%. “No ha habido ningún aumento repentino en el número de fallecimientos”, subrayó.
Sobre GEO Group, la empresa privada que opera Adelanto y varias instalaciones de detención de migrantes, pesa un amplio historial de denuncias por negligencia médica, uso excesivo de la fuerza, hacinamiento, abusos sexuales, condiciones insalubres y deficiencias en la alimentación. Adelanto ha concentrado buena parte de esas acusaciones desde su apertura en 2011 y varias de ellas quedaron nuevamente expuestas en una resolución hecha por una jueza de Los Ángeles, que ordenó al ICE garantizar a los recluidos allí servicios tan básicos como acceso a agua potable, alimentos suficientes y atención médica adecuada.
Esas deficiencias también fueron documentadas por inspectores de la Fiscalía de California, que visitaron dichas instalaciones en julio de 2025, cuando recibía una oleada de migrantes arrestados durante operativos migratorios desplegados en Los Ángeles. “Los niveles de personal médico y de custodia eran insuficientes para atender las necesidades del gran número de personas recluidas en Adelanto”, señala el informe. El documento añade que los migrantes denunciaron que “no lograban acceder a las citas médicas solicitadas ni recibían el tratamiento médico necesario y oportuno, incluso en casos de urgencia médica”.
Alberto Gutiérrez Reyes
Nació en Veracruz, se ganaba la vida construyendo casas en Los Ángeles y tenía 48 años. Agentes de la Patrulla Fronteriza lo arrestaron el 9 de enero en Echo Park, un vecindario angelino de mayoría hispana, cuando se dirigía al trabajo. El ICE alega que lo puso en su lista negra por una antigua condena, de 16 años atrás, relacionada con lesiones corporales contra su cónyuge. La agencia lo llevó a Adelanto el 12 de enero.
La evaluación médica inicial no identificó, según el expediente publicado por la agencia, condiciones que requirieran atención urgente: presentaba un leve enrojecimiento de garganta, síntomas de resfriado, presión arterial y niveles de glucosa ligeramente elevados. Sus signos vitales se mantuvieron, en su mayoría, “dentro de los límites normales”, señala el informe.
El ICE también sostiene que, al ingresar, Gutiérrez Reyes no informó de padecimientos graves. Pero quienes convivieron con él describen un deterioro que, según ellos, fue evidente con el paso de las semanas. “Hacía ejercicio con nosotros, iba al patio, tomaba su medicina, compartimos comida”, recuerda el migrante que estuvo junto a él en Adelanto. Ese hombre asegura que, mientras la salud del mexicano empeoraba, solicitaron varias veces atención médica para él.
El expediente del ICE indica que, durante febrero, Gutiérrez Reyes reportó congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, tos, dolores corporales, mareos y dificultad para ingerir alimentos. La agencia afirma que “recibió tratamiento” para esos síntomas. Patricia Martínez, su viuda, contó en una entrevista con Telemundo que su esposo inicialmente le habló de molestias que no parecían preocupantes. “Primero estaba bien y ya a los días me decía que era una tos”, relató. “El jueves que estuvo lloviendo lo sacaron al patio una hora, a caminar, a hacer ejercicio; ya cuando entró sintió su cuerpo mal”.
El 25 de febrero, sus compañeros de celda lo vieron en un estado que los llevó a buscar ayuda. Lo acompañaron hasta la entrada de su sector para pedir asistencia a un guardia de GEO. Allí perdió el conocimiento. Fue trasladado al Victor Valley Global Medical Center, donde quedó internado por dolor torácico y dificultad para respirar. Los médicos le realizaron una transfusión de sangre debido a sus bajos niveles de hemoglobina. Al día siguiente presentó una alteración del estado mental y sufrió una convulsión. Los análisis de laboratorio detectaron anomalías en la función renal y en la coagulación sanguínea. Según el informe del ICE, durante las primeras horas del 27 de febrero sufrió un paro cardíaco y, tras 41 minutos de agonía, murió.
“No sé qué pasó, de un día para otro decirme que mi esposo había fallecido, no es justo”, lamentó Martínez en la entrevista con la cadena hispana. “Lo que queremos es justicia, para él y para los que están ahí adentro”. La viuda asegura que ni el ICE ni GEO le notificaron directamente la muerte de su esposo. Fue el Consulado de México en San Bernardino quien la llamó para comunicarle la mala noticia.
Dentro de Adelanto, el migrante que convivió con Gutiérrez Reyes afirma que los internos tampoco recibieron una explicación. Comenzaron a sospechar cuando un guardia llegó a la celda del mexicano para recoger sus pertenencias y les dijo en voz baja: “Él ya no va a regresar”.
José Guadalupe Ramos Solano
La tarde del 25 de marzo de 2026, un agente de custodia encontró a José Guadalupe Ramos Solano, un mexicano de 52 años, sentado en su litera, inconsciente, según el expediente del ICE. Era la segunda emergencia médica grave registrada en poco más de un mes en el centro de detención de Adelanto. Una hora después, Ramos Solano murió en un hospital cercano. “Podrían haberlo salvado”, afirmó su viuda, Antonia Tovar, al medio Al Jazeera. “Lo mataron porque, en lugar de ayudar, no hicieron nada”.
Minutos antes de que su estado de salud se deteriorara, Ramos Solano había hablado por última vez con su esposa a través de una videollamada. Originario de Guanajuato, este hombre llegó a Estados Unidos a mediados de la década de 1990. Durante casi tres décadas no tuvo problemas con la justicia hasta el 6 de mayo de 2025, cuando la policía lo arrestó por posesión de drogas y robo.
El 23 de febrero de 2026, agentes del ICE lo detuvieron durante un operativo y al día siguiente lo trasladaron a Adelanto. La evaluación médica inicial identificó varios padecimientos: diabetes, hiperlipidemia e hipertensión. Sin embargo, el personal médico determinó que sus signos vitales eran “mayormente normales”, salvo por una presión arterial elevada y niveles altos de glucosa. “Recibió atención médica constante mientras estuvo bajo custodia, incluida medicación diaria para tratar sus afecciones”, afirmó el ICE en un comunicado.
Para su familia, la explicación sobre cómo su salud se deterioró tan rápidamente sigue sin estar clara. Apenas 29 días después de su ingreso al centro, Ramos Solano fue encontrado inconsciente en su celda. Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo al Victor Valley Global Medical Center, donde un médico de urgencias lo intubó y continuó los esfuerzos para salvarle la vida. A las 6.29 de la tarde fue declarado muerto.
Tovar contó a Al Jazeera que su esposo se quejaba de la alimentación que recibía y de las condiciones dentro del centro de detención. Decía que su ropa tenía mal olor y que la comida no era suficiente. “Se sentía como un animal, como un perro”, relató al medio. “Totalmente solo”.
Gabriel García Avilés
Este mexicano de 56 años permaneció poco más de seis horas en el centro de detención de Adelanto. Llegó durante la madrugada del 15 de octubre de 2025 y, antes de las 11.00 de la mañana, fue trasladado a un centro médico después de presentar temblores, dificultad para caminar y desorientación. Aunque un enfermero registró inicialmente signos vitales “dentro de los límites normales”, una evaluación posterior determinó que tenía la presión arterial y el pulso elevados, además de síntomas compatibles con la abstinencia alcohólica, según el expediente del ICE.
Mientras permanecía bajo atención médica en el Victor Valley Global Medical Center, García Avilés “se mostraba confundido y poco colaborador, aunque con signos vitales estables”, señala el reporte. Sin embargo, su condición empeoró en los días siguientes. Entre el 22 y el 23 de octubre presentó hipotensión, alteraciones en su estado mental y cambios en el ritmo cardíaco. Llegó a quedar inconsciente y sin responder a estímulos.
El personal médico procedió a intubarlo, inició maniobras de reanimación y lo trasladó a la unidad de cuidados intensivos. La tarde del 23 de octubre, su frecuencia cardíaca volvió a disminuir. Según el ICE, un paro cardíaco provocado por la abstinencia alcohólica terminó con la vida de este inmigrante.
“No tuvimos oportunidad de volver a hablar con él ni recibimos ninguna llamada para informarnos por qué había sido llevado al hospital”, escribió su hija, Mariel García, en una cuenta que abrió para solicitar ayuda con los gastos funerarios. “Mi padre era una persona muy alegre y siempre muy amable con todo el mundo. Su ausencia ha dejado un vacío en nuestros corazones. No hay palabras para describir el dolor que sentimos”.
Ismael Ayala Uribe
Llegó a California cuando tenía cuatro años y nunca volvió a México. Tenía 39 años. Se ganaba la vida en un autolavado de Fountain Valley, donde trabajó durante 15 años. El 17 de agosto de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron al establecimiento y lo detuvieron.
Ayala Uribe había estado protegido por DACA, el programa creado por la Administración de Barack Obama para evitar la deportación de quienes cruzaron la frontera ilegalmente siendo niños. Obtuvo ese beneficio en 2012, pero cuatro años después el Gobierno le negó la renovación. No está claro por qué, aunque en 2016 había sido arrestado por conducir ebrio. Ya sin DACA, volvió a enfrentar cargos por el mismo delito en 2019, según el ICE.
El 22 de agosto ingresó al centro de detención de Adelanto, donde permaneció poco menos de un mes. La evaluación médica no detectó padecimientos graves, salvo “una presión arterial ligeramente elevada”. Todo cambió el 18 de septiembre, cuando reportó un dolor agudo cerca del ano. Le recetaron analgésicos, pero no bastaron. Tres días después, el dolor se había extendido al glúteo izquierdo y a la región epigástrica. También presentaba vómitos, sudoración, temblores y náuseas, mientras el electrocardiograma arrojaba resultados “irregulares”, según el expediente médico difundido por el ICE.
Ayala Uribe fue trasladado al hospital Victor Valley Global, donde le diagnosticaron hipotensión y un absceso en el glúteo izquierdo. Los médicos contemplaban operarlo para drenarlo. Sin embargo, durante la madrugada siguiente presentó hipotensión y taquicardia, sufrió un paro respiratorio y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos tras maniobras de reanimación. Todo fue en vano: un paro cardíaco acabó con su vida, según el ICE.
Pero la familia de Ayala Uribe rechaza esa versión. Lo visitaba cada fin de semana en Adelanto y asegura que había notado un deterioro progresivo de su salud, de acuerdo con una declaración publicada en GoFundMe. “Al parecer no recibió el tratamiento médico adecuado”, sostienen sus familiares. “Eso derivó en su fallecimiento”.
