Una comunidad de Luisiana se rebela contra un nuevo centro del ICE para encerrar y deportar familias

El lobby de un edificio dentro de la England Airpark Authority se fue llenando el jueves de residentes de Alexandria y Nueva Orleans que acudieron para reclamar a la junta directiva del aeropuerto que “no queremos al ICE”. Uno a uno se fueron anotando para tomar la palabra en la reunión. Desde la puerta, a pocos metros, visible, se veía la estructura en la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca poner en marcha en los próximos meses la que catalogó como “una instalación de tránsito” para deportar a menores y familias que ya han aceptado su salida voluntaria. Los vecinos temen que operará como otro centro de detención.

“Si estos migrantes ya han decidido su deportación voluntaria, no necesitan estar encerrados. ¿Por qué quieren encerrarlos si dicen que quieren irse a casa? Pónganlos en un avión”, reclama Diana Mobley, de 64 años, en una entrevista con EL PAÍS. Ella llegó acompañada de su hija Erin Tracy, de 34. Ambas han intentado protestar en los espacios de la England Airpark Authority contra la presencia del ICE en su comunidad, y por la muerte en enero de Renee Good y Alex Pretti tras los disparos de agentes mientras se oponían a las redadas en Minnesota.

Poco después, la sala en la que se reuniría la junta del aeropuerto estaba llena. En las sillas, la comunidad; en un estrado, siete comisionados y luego, la directiva, incluyendo a Ralph Hennessy, el director ejecutivo.

Cuando el secretario, Steven Mansour, dio el primer derecho de palabra, comenzaron a escucharse los reclamos a los comisionados. Condenaban el centro que el ICE está por abrir, pero también que la junta de comisionados incluyera en la agenda un cambio a una ordenanza que podría limitarles el derecho a la protesta dentro del aeropuerto y solo permitirlo si tienen un permiso.

“Esto es una democracia”

Diana Mobley ha intentado protestar en el aeropuerto varias veces con miembros de su comunidad. No siempre han podido. Tras las muertes de Good y Pretti, fueron retirados de la instalación y tuvieron que continuar la manifestación en otra zona de Alexandria. Su hija Erin Tracy cuenta que en otra oportunidad decidieron ir a otro lugar por miedo, “porque por supuesto que no queremos que alguna persona sea arrestada”.

La madre cree que, si los comisionados aprueban la ordenanza, manifestarse será aún más difícil, pero asegura que no pararán: “Tenemos derecho a decir que no queremos ese centro de detención ni que le hagan daño a ningún ser humano”.

Estas protestas de las que ellas hablan son las que, dicen, han generado el debate sobre la enmienda a la ordenanza en la reunión de la junta de comisionados en la England Airpark Authority. Pero igual que ellas, quienes tomaron la palabra dijeron que seguirán protestando.

“Tenemos derecho a hacer preguntas, a organizarnos y pedir que rindan cuentas. Si esta junta cree que está tomando la mejor decisión, entonces debe permitir el escrutinio”, reclamó una persona al tomar la palabra en la reunión. “Reconsideren su decisión de seguir adelante con ese centro de detención”, agregó. Al tocar ese tema, fue interrumpido por el secretario de los comisionados para pedirle que solo se refiriera a la ordenanza.

“Es importante que los presentes en esta sala recuerden que esto es una democracia y que cualquier autoridad es un servidor público y está sujeta a rendir cuentas”, dijo una activista de Luisiana. “Es molesto que estén tratando de limitar el derecho a la expresión y a la protesta pública”.

“Si a ustedes les parece que esto es molesto e irritante (…) les garantizo que va a haber muchas más”, señaló otro activista al micrófono y les sugirió ayudarles a revertir la decisión de abrir un centro para menores y familias. “Mejor conviértanlo en algo que pueda ayudar a las mujeres y niños de Alexandria. Ese centro no va a ayudar a nadie”.

A Mobley se le quiebra la voz al contarle a este diario de miembros de su comunidad que han perdido contacto con familiares luego de que fueran detenidos por el ICE. También cuando recuerda a todos los migrantes que ha visto bajar esposados de aviones que llegan al aeropuerto internacional de Alexandria, el mayor centro del país para la transferencia de inmigrantes que serán deportados.

Ante la pregunta de EL PAÍS de cómo se siente al escuchar a la comunidad y si sus preocupaciones le hacen dudar sobre permitir al ICE abrir este centro, el director ejecutivo del aeropuerto, Ralph Hennessy, responde: “No tengo dudas, no las tengo”. “Hay una política de nuestro Gobierno federal y estas compañías están trabajando dentro de los lineamientos fijados bajo contratos con el gobierno federal. Lo que estamos haciendo es concediéndoles un edificio para que operen”, añade.

Según la agencia AP, uno de los primeros medios en informar sobre la apertura de este centro, la gestión de la instalación estaría a cargo de LaSalle Family Foundation, una filial de LaSalle Corrections, una de las principales empresas de gestión de prisiones privadas y centros de detención del ICE en varias ciudades de Estados Unidos. La información fue confirmada a AP por el director financiero de la compañía, Tim Kurpiewski.

En lo que va de 2026, dos migrantes han muerto en centros de detención del ICE gestionados por esta empresa en Luisiana.

Para abril de 2026, más de 60.000 personas se encontraban detenidas en instalaciones gestionadas por el ICE y Luisiana figuraba como el segundo Estado con mayor número de detenidos en centros de la agencia —solo después de Texas—, según cálculos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), una organización no partidista dedicada a la investigación y análisis de datos.

El edificio

El centro que esperan abrir en Alexandria, explicó Hennessy, no tiene a migrantes retenidos aún. Funcionará dentro de una barraca que está siendo renovada en una antigua base militar y se apoyará con tráilers habitables que se instalarán para alojar a más personas. Este miércoles se vio a trabajadores haciendo renovaciones y pintando el exterior. Alrededor, hay muebles y sillones arrumados a la intemperie. Dentro de una de las habitaciones en este edificio de tres plantas, se ven aires acondicionados viejos y nuevos sobre el suelo.

Hennessy explicó que los trabajos de remodelación se han atrasado: “Comenzará a operar dentro de 60 días”.

En una carta que entregó uno de los activistas a los comisionados, unas 10 organizaciones —entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración— denuncian que la estructura contiene asbesto y que se encuentra en un lugar donde hay concentraciones de peligrosos químicos que persisten por años en el ambiente.

Hennessy aseguró que la autoridad aérea recibió el edificio luego de haber sido limpiado por los militares. Asegura que nadie le ha mostrado la evidencia sobre la presencia de químicos que pudieran afectar a los niños y familias migrantes: “Nuestra documentación no dice eso. Si otra gente tiene información, hechos, que nos los presente. Hasta ahora, no hay nada que sustente esa acusación”.

Ya en las afueras del edificio, Diana Mobley se prepara para marcharse por esa tarde. Espera que las autoridades de su ciudad hayan escuchado los reclamos de la comunidad: “Si abren ese centro, van a dejar una mancha en esta comunidad, van a dejar una mancha en esa junta. Y luego van a decirnos que no podemos protestar”.