La fiscalía acusa del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán al presidente municipal de Ixhuatlán

El asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz parecía destinado a sumarse a la lista de homicidios de comunicadores sin resolver. El expediente de investigación ha dado, sin embargo, un giro de tuerca que sacude al poder político local. La Fiscalía General del Estado atribuye al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), el secuetro y asesinato de Guzmán y ha pedido al Congreso de ese Estado que le retire el fuero que lo protege para poder procesarlo penalmente por su presunta participación como autor intelectual al ordenar el secuestro y homicidio de la comunicadora. Este paso en la investigación coloca al alcalde en el centro de un caso que ha llevado a prisión a ocho personas desde junio cuando Guzmán fue sacada de su casa.

Los documentos entregados por la Fiscalía al Congreso, fechados el 6 de julio, muestran el inicio formal del procedimiento. En el oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez, el Ministerio Público solicita que el Legislativo retire la inmunidad constitucional del alcalde “para efecto de que esta Fiscalía esté en condiciones de proceder penalmente en su contra”.

No se trata de una denuncia política ni de una declaración. Es un paso procesal indispensable para que un servidor público con fuero —una figura que lo blinda de ser procesado penalmente— pueda ser imputado ante un juez. La solicitud ha marcado un nuevo capítulo en uno de los asesinatos de periodistas más crudos registrados este año en Veracruz. De acuerdo con la investigación ministerial, según fuentes del Congreso local, González Martínez habría contactado a un operador del Grupo Sombra —una organización criminal que mantiene presencia en el sur del Estado— identificado con el alias de Shelby Otomí, para encargar el secuestro y ejecución de Guzmán.

Los motivos apuntan a que la periodista tenía en su poder una fotografía del alcalde portando un arma larga. Según los testimonios integrados en la carpeta de investigación, la periodista fue privada de la libertad, trasladada al predio conocido como El Limonar, interrogada, golpeada y asesinada con un arma blanca. Después, su cuerpo habría sido incinerado y enterrado en una fosa clandestina, donde fue localizado.

La línea de investigación también resignifica lo ocurrido desde el día de su secuestro. La familia grabó el momento en que hombres armados irrumpieron en su domicilio. La madre de la periodista declaró que los agresores vestían como policías, dijeron que la llevaban “a la comandancia”. Hasta ahora, la Fiscalía ha conseguido la vinculación a proceso de ocho personas por estos hechos, entre ellas presuntos integrantes del Grupo Sombra y policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. La hipótesis ministerial apunta a que el crimen organizado y las autoridades municipales actuaron de manera coordinada.

La presión judicial ha empujado al alcalde a plantar cara. Este viernes, González Martínez difundió un video en redes sociales en el que confirmó que fue notificado del procedimiento de desafuero el pasado 21 de julio y dijo que ejercerá su derecho a la defensa dentro de los plazos legales. El presidente municipal invocó la presunción de inocencia y el debido proceso, aseguró que el Ayuntamiento continúa funcionando con normalidad y pidió a la población evitar juicios anticipados. Pero en ningún momento mencionó a la periodista. Tampoco hizo referencia a las imputaciones formuladas por la Fiscalía ni respondió al contenido de la investigación que busca llevarlo ante los tribunales.

El Congreso de Veracruz ha abierto el procedimiento. La presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Gómez, ha confirmado que el alcalde tiene hasta el 28 de julio para presentar por escrito sus argumentos o comparecer ante la Sección Instructora, órgano encargado de analizar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad procesal al alcalde.

Al respeto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, ha rechazado que se trate de una persecución política y aclaró que el Congreso no determinará culpabilidades. “La Fiscalía tiene abiertas dos carpetas de investigación. Si no estás inmiscuido en algo, no te pueden abrir una carpeta”, ha dicho este viernes. Recordó que corresponde a la Fiscalía probar sus acusaciones, mientras los funcionarios señalados conservan plenamente su derecho a defenderse.

Movimiento Ciudadano, por su parte, ha cerrado filas en torno a uno de sus alcaldes. La diputada local Elena Córdova advirtió que la agrupación política no permitirá que “se fabriquen delitos” y ha exigido que el procedimiento respete la presunción de inocencia.

El caso de González Martínez no es aislado. La Fiscalía ha hecho una segunda solicitud de desafuero contra otro alcalde del partido naranja: Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, es investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta Ignacio López. Ambos procedimientos llegaron al Legislativo el mismo día y colocan a dos presidentes municipales del mismo partido bajo investigaciones penales.

Sin embargo, el expediente de Guzmán tiene una dimensión distinta. El crimen volvió a exhibir la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en Veracruz y en todo México y, al mismo tiempo, expuso las presuntas conexiones entre autoridades municipales y organizaciones criminales. La investigación sostiene que no se trató únicamente de un homicidio ejecutado por integrantes del Grupo Sombra, sino de una operación en la que posiblemente participaron funcionarios públicos y policías municipales.