Por qué Daniel Ortega quiere abolir las elecciones y qué queda de la oposición dentro de Nicaragua – BBC News Mundo
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“Aquí no volverá a haber elecciones”.
Así se pronunció el presidente Daniel Ortega durante el acto por el 47º aniversario de la Revolución Sandinista el pasado domingo en Managua.
El mandatario nicaragüense de 80 años aseguró que no permitirá nuevos comicios para que la oposición intente “atrapar el gobierno, atrapar el poder”, sin ofrecer más detalles.
Nicaragua debía elegir presidente en 2027, después de que una reforma constitucional aplazara las elecciones inicialmente previstas para finales de este año.
Esa misma reforma ascendió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, de vicepresidenta a “copresidenta”, amplió el mandato presidencial y reforzó aún más el control de la pareja sobre las instituciones del Estado.
El nuevo anuncio de Ortega supone, según analistas y organismos internacionales, un paso más en el desmantelamiento democrático de un país que ya desde hace años carece de elecciones libres.
El líder sandinista ganó las últimas presidenciales de 2021 tras encarcelar a los aspirantes de los partidos opositores, en una ola represiva que se extendió a políticos, empresarios, activistas y periodistas.
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En los años siguientes ilegalizó partidos y organizaciones civiles, además de expulsar del país y privar de la nacionalidad a prácticamente todas las figuras disidentes, vaciando a Nicaragua de oposición organizada y medios independientes.
Entonces, ¿por qué Ortega necesita abolir unas elecciones cuando controla el sistema electoral, acapara todos los poderes del Estado y ha eliminado a sus posibles competidores?
Y, después de años de cárcel, persecución, exilios forzados y desnacionalizaciones, ¿queda todavía oposición dentro de Nicaragua?
Las razones tras el anuncio de Ortega
BBC Mundo habló con dos de los más destacados opositores nicaragüenses en el exilio para tratar de responder a ambas preguntas.
Dora María Téllez es historiadora y dirigente histórica de la Revolución Sandinista posteriormente represaliada por Ortega; Félix Maradiaga dirige la Red Liberal de América Latina y es uno de los aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de 2021
Ambos coinciden en que abolir las elecciones estaría lejos de ser una demostración de fortaleza.
“Ya en 2021 Ortega tuvo muchísimo miedo a ir a una elección, por lo que barrió con todo hasta que él quedó solito. Cinco años después, el miedo se ha elevado muchísimo más”, afirma Téllez.
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La abolición de las elecciones, a su juicio, indica que el mandatario nicaragüense “ya no tiene confianza ni en su propia gente, pese a que controla totalmente el sistema electoral, el sistema de justicia, el Ejército, la Policía y la totalidad de las instituciones”.
Según Maradiaga, Ortega podría temer que unos comicios —aunque sean amañados— canalicen en las urnas el rechazo acumulado hacia su gobierno.
“Ortega vio el ejemplo de Nicolás Maduro abriendo un proceso que creía controlar totalmente tras inhibir a opositores como María Corina Machado, y de repente una figura inesperada como Edmundo González Urrutia agrupa el voto de protesta”, indica.
Maradiaga considera que “Ortega sabe que no puede descartar un escenario de elecciones imperfectas, bajo sus reglas, en el que un candidato desconocido reciba el respaldo de los liderazgos más conocidos, que lamentablemente estamos en el exilio, lo que podría generarle un serio problema”.
Por otro lado, Maradiaga cree que cancelar las elecciones “es también cerrarle las puertas a una competencia electoral dentro del mismo partido sandinista”.
Argumenta que Ortega, a sus 80 años, quiere dejar establecida “una sucesión dinástica con Rosario Murillo y con Laureano Ortega”, uno de los siete hijos de la pareja al que analistas señalan como posible sucesor en el poder.
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“Rosario y Laureano no tienen ninguna legitimidad electoral, nunca han sido electos por nadie, a diferencia de Ortega, que sí tiene dentro de la base sandinista algún tipo de reconocimiento por su papel histórico”.
Dora María Téllez, por su parte, habla de “un trauma sucesorio dentro del Frente Sandinista” después de que Murillo impulsara purgas contra dirigentes nacionales y territoriales, antiguos altos funcionarios y figuras históricas como el comandante Bayardo Arce.
Maradiaga y Téllez plantean una tercera teoría: Ortega podría estar anticipándose a posibles presiones de Estados Unidos para abrir el espacio político, permitir el retorno seguro de los exiliados y aceptar alguna forma de competencia electoral.
“Ortega podría imaginarse que Estados Unidos lo obliga a dar concesiones, como permitir el regreso a Nicaragua de los principales líderes de oposición”, apunta Maradiaga.
En ese escenario, partir de la abolición total de los comicios permitiría al presidente ofrecer concesiones limitadas —como recuperar algún tipo de votación— sin aceptar otras exigencias más importantes como el regreso de los líderes opositores en el exilio.
“Esa es la manera de negociar de Ortega: siempre eleva la parada, siempre eleva el discurso, siempre golpea la mesa”, sentencia Téllez.
La copresidenta Rosario Murillo rechazó pronunciarse sobre el tema a raíz de una consulta de BBC Mundo.
Qué queda de la oposición en Nicaragua
Preguntamos a los dos líderes opositores en el exilio si, tras el desmantelamiento de cualquier alternativa al sandinismo en los últimos años, queda algún tipo de disidencia organizada en el país centroamericano.
“Dentro de Nicaragua no existe ningún partido político, ninguna organización de la sociedad civil, ningún movimiento social, ningún medio de comunicación independiente. Eso está totalmente borrado y fue borrado ya desde 2021”, afirma Téllez.
La opositora señala como única excepción formal al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que conserva 9 diputados en la Asamblea Nacional y al que define como un “partido parásito del Frente Sandinista” dependiente del oficialismo y sin legitimidad entre la oposición.
Los vestigios de la disidencia dentro del país, explica, son algunos dirigentes locales que “tienen que ir a firmar todos los días a la Policía, están amenazados y asediados permanentemente, y entran y salen constantemente de prisión”.
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Maradiaga no se muestra tan pesimista y destaca la “resistencia silenciosa” de redes comunitarias y municipales.
“Son redes, lamentablemente, pequeñas y muy perseguidas; no pueden hacer actividades muy visibles, pero demuestran que Ortega no ha logrado neutralizar completamente la resistencia ciudadana”, afirma.
El opositor evita ofrecer más detalles para no ponerlos en peligro.
“Nosotros, los opositores más visibles, hemos sido muy responsables en no exponer a los liderazgos que quizás no son conocidos internacionalmente; pero hay personas, a nivel comunitario y a nivel municipal, que hacen una resistencia silenciosa”, remarca.
Para el líder opositor, las continuas redadas, detenciones y operaciones policiales destinadas a localizar actividades clandestinas demuestran que el gobierno sigue preocupado por esos focos internos.
También destaca el hecho de que Ortega dedicara buena parte de su discurso del 19 de julio a atacar a la oposición en el exilio, pese a haber afirmado anteriormente que estaba neutralizada.
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Aunque los opositores coordinan sus alternativas políticas, denuncian abusos y exigen presión internacional desde fuera de Nicaragua, hoy no disponen dentro del país de estructuras visibles desde las que movilizar el descontento social.
Ahora, la cancelación de las elecciones también elimina la posibilidad de articular ese rechazo alrededor de una candidatura.
Y el hostigamiento del régimen tampoco termina en las fronteras de Nicaragua: en octubre de 2025 un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció una “maquinaria de persecución” contra los exiliados que incluye vigilancia, amenazas y represalias contra sus familiares dentro del país.
Cómo Ortega ha intensificado la represión
El anuncio de Daniel Ortega el pasado domingo culmina un proceso iniciado mucho antes.
Tras gobernar entre 1985 y 1990, año en que perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro, Daniel Ortega regresó a la presidencia mediante las urnas en 2007.
Desde entonces, según denuncian opositores y organismos internacionales, fue sometiendo progresivamente a su control el sistema electoral, los tribunales, la Asamblea Nacional y las fuerzas de seguridad.
“Nicaragua no ha tenido elecciones libres desde que Ortega regresó al poder. Luego de las elecciones de noviembre de 2006, todos los procesos electorales han sido procesos totalmente viciados y controlados por Ortega”, sostiene Félix Maradiaga.
La represión de las protestas antigubernamentales de 2018 dejó más de 300 muertos y marcó un punto de inflexión en la persecución de las voces críticas.
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Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, esta campaña represiva se ha desplegado en cuatro fases: la represión violenta de las protestas entre 2018 y 2020; la eliminación selectiva de la oposición electoral en 2021; el desmantelamiento de la sociedad civil organizada desde 2022; y la consolidación del poder absoluto y la persecución más allá de las fronteras a partir de 2023.
En un informe de octubre de 2025, esta institución calificó las violaciones cometidas desde 2018 como “graves, sistemáticas y generalizadas” que en varios casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
También documentó que al menos 452 nicaragüenses, desde políticos hasta empresarios, religiosos o periodistas, habían sido privados de su nacionalidad.
La reforma constitucional de 2025 incorporó a la ley el monopolio del poder de la pareja Ortega-Murillo que ya existía en la práctica y debilitó aún más los contrapesos institucionales.
En este contexto, el reciente anuncio de abolir las elecciones se interpreta como la eliminación de la última apariencia electoral que conservaba el régimen sandinista.
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