El agua potable, nuevo frente de la lucha por los derechos civiles en EE UU

La siniestra túnica con capucha de un miembro del Ku Klux Klan ilustra los crímenes, abusos y segregación de la población negra de Misisipi en el Museo de Derechos Civiles de Jackson. Suena música soul, pero cuando unos sensores detectan el paso del visitante le lanzan improperios racistas para sensibilizar sobre el trato que se daba a los afroamericanos. La exposición recuerda también cómo la tortura y asesinato impunes del muchacho de 14 años Emmett Till en 1955 por silbar a una mujer blanca (sobre lo que se acaba de estrenar una película) impulsaron la lucha por los derechos civiles. La batalla por la igualdad no ha terminado y en Jackson tiene un nuevo frente, que el museo aún no recoge: el agua potable.

La capital de Misisipi, de unos 150.000 habitantes, con más de un 80% de población negra y un 25% de pobres, carece de un servicio de agua corriente mínimamente fiable, algo que parece increíble en una gran ciudad de la primera potencia mundial. La crisis del agua de Jackson no es nueva, pero se mostró con toda su crudeza en agosto pasado, cuando las lluvias provocaron una avería en el vetusto sistema de bombeo y canalización y dejaron sin suministro durante días a casi toda la ciudad. “Fue una pesadilla”, comenta una estudiante universitaria de 19 años en Jackson. Los habitantes de la única gran ciudad del Estado no podían bañarse, tirar de la cadena, lavar, cocinar o beber sin aprovisionarse por su cuenta. Cuando volvió el agua, salía marrón. Durante semanas se mantuvo el aviso de no consumir agua del grifo sin hervirla previamente, que ya es habitual en la ciudad.

El gobernador de Misisipi, el republicano Tate Reeves, declaró una “situación de desastre y de peligro extremo para la seguridad de las personas y los bienes”. El alcalde de la ciudad, el demócrata Chokwe Antar Lumumba, fue más rotundo: “Estamos en constante estado de emergencia”. Alcalde y gobernador están enfrentados políticamente y se culpan mutuamente de la situación.

Jackson no tiene un problema de sequía. Al revés, dispone de agua en abundancia. El embalse de Barnett, que ocupa más de 13.000 hectáreas, lucía este martes a rebosar al norte de la ciudad. El río Pearl bordea el centro urbano. Lo que no logra Jackson es hacer llegar el agua en condiciones a sus ciudadanos. Algunas tuberías tienen más de 100 años de antigüedad y el déficit de inversiones se extiende al alcantarillado y las plantas de tratamiento de agua. El problema ilustra cómo parte de las infraestructuras de Estados Unidos se han quedado obsoletas.

Priscilla Sterling es profesora del Instituto Murrah de Jackson. Vive con su madre, su padrastro, su hija de 24 años y su nieto de seis años. En su casa bebían agua del grifo, se lavaban los dientes con ella y la usaban para cocinar. Ahora, Sterling asegura que a sus hijos se les ha diagnosticado intoxicación por plomo. Ella sufre migrañas. Su hija de 24 años tiene un problema de aprendizaje y recurrentes infecciones por hongos. Toda la familia ha experimentado episodios frecuentes de picores inexplicables. Priscilla es una de las personas que promueven una demanda colectiva contra autoridades y contratistas. “El suministro de agua de la ciudad de Jackson se ha descuidado durante décadas”, afirman sus abogados. “Incluso antes de que fallara el suministro, el agua de Jackson no era apta para el consumo humano debido a los altos niveles de plomo y otros contaminantes”, añaden.

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Por su lado, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés) ha abierto una investigación de derechos civiles a petición de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP). La organización denuncia que las autoridades estatales “han discriminado a la población mayoritariamente negra de la ciudad de Jackson por motivos de raza en su financiación de los programas y actividades de infraestructura y tratamiento del agua”. “El agua es un derecho humano, pero para muchas familias de Jackson el acceso regular al agua potable está fuera de su alcance”, sostiene la NAACP.

El profesor de Historia de la Universidad estatal de Jackson, Robert Puckett, explica que la raíz de la crisis del agua de Jackson se remonta a 1970, cuando los tribunales forzaron finalmente —en 1954 el Tribunal Supremo ya había sentenciado en ese sentido— a dejar de segregar a los niños en las escuelas. “En Misisipi eso supuso que muchos padres blancos retiraran a sus hijos de los colegios públicos, unos 10.000 niños en el distrito escolar de Jackson”. La mayoría de ellos terminaron en escuelas privadas promovidas por supremacistas blancos o en colegios públicos de barrios residenciales de las afueras, en distritos escolares donde prácticamente solo vivían blancos.

Ese movimiento de migración a las afueras hizo que dejasen Jackson, la capital de Misisipi, los líderes políticos, económicos, empresariales y religiosos y que se desentendiesen de la ciudad y sus infraestructuras. Jackson perdió así a sus principales contribuyentes y entró en un círculo vicioso que ha provocado posteriormente la migración a esas zonas residenciales de las familias negras más pudientes, drenando aún más los recursos de la ciudad. La mayoría de la población de Jackson era blanca en 1970. Hoy hay más de un 80% de afroamericanos y solo un 15% de blancos. En ese 15% se encuentra Puckett, que señala: “No es una sorpresa que la naturaleza cada vez más negra de Jackson haya generado una actitud cada vez más hostil de los líderes estatales blancos”.

“La riqueza blanca está en los barrios periféricos y en Jackson, la capital negra, encuentras pobreza extrema”, añade Puckett. A pocos kilómetros del centro de Jackson, en barrios como Madison, Clinton y Ridgeland, el servicio funciona perfectamente. El contraste es brutal en zonas donde basta con cruzar la línea de delimitación de la ciudad para pasar de un universo a otro.

El alcance de la crisis del agua va mucho más allá de no poder ducharse o tirar de la cadena. El desayuno y el almuerzo que dan las escuelas es vital para muchos niños pobres, así que cuando tienen que dar clases a distancia genera daños colaterales. Hay empresas que cierran (restaurantes, hoteles, lavanderías, peluquerías…) y gente que pierde su trabajo, en otro círculo vicioso. En la propia peluquería de la Universidad, el encargado reconoce que tuvieron que cerrar varios días por la falta de agua. Frid, en cambio, ha tenido más trabajo de lo habitual. Es empleado de una empresa de reparto de agua embotellada y de venta de sistemas de filtrado y purificación. “El agua de Jackson es de mala calidad normalmente, pero lo que ha sido muy duro para las familias es quedarse por completo sin agua”, dice tras una parada en su ruta.

Puckett cree que es evidente el menosprecio del gobernador del Estado a la ciudad (“como siempre, es un gran día para no estar en Jackson”, dijo recientemente en un acto en Hattiesburg). Y, además, considera que es una estrategia deliberada: “Nuestro gobernador lo está usando como grito de guerra. Creo que le ayuda políticamente con su base de votantes blancos conservadores”. Las elecciones a gobernador serán el año próximo. El 8 de noviembre, Misisipi elige cuatro escaños de la Cámara de Representantes, pero todas las quinielas apuntan a que los republicanos mantendrán sus tres distritos y los demócratas, uno. En numerosos Estados se repite esa dicotomía entre gobernador republicano elegido con el apoyo de las áreas rurales y de las zonas residenciales acomodadas que castiga financiera y regulatoriamente a las grandes ciudades gobernadas por demócratas (muchas de ellas con un alto porcentaje de población negra).

Sequía extrema y plomo

Aunque Jackson es un caso único, los problemas con el agua no son exclusivos de la capital de Misisipi. En los Estados del oeste, el problema es la sequía extrema que padecen desde hace años. En el este, Newark, la mayor ciudad de Nueva Jersey, sufrió una grave crisis por contaminación con plomo hace unos años. La EPA calcula que hay entre 6 y 10 millones de tuberías de plomo en las ciudades y pueblos de Estados Unidos, muchas de ellas en comunidades afroamericanas e indias y en barriadas de bajos ingresos. El Gobierno de Joe Biden ha incluido 50.000 millones de dólares [unos 49.850 millones de euros] en su ley de infraestructuras para financiar inversiones en mejorar la calidad del recurso, de los que más de 20.000 millones están destinados a que el agua del grifo sea potable y segura. Su objetivo es retirar todas las tuberías de plomo.

Además del suministro y calidad del agua, la ley de infraestructuras firmada por Biden hace un año prevé movilizar más de un billón de dólares en inversiones en carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, redes y otras infraestructuras. Recibió no solo el apoyo demócrata, sino también el de 19 de los 50 senadores republicanos y de 13 de sus más de 200 miembros de la Cámara de Representantes, para disgusto de Donald Trump. La trumpista acérrima Marjorie Taylor Greene les llamó traidores y tuiteó sus nombres y los teléfonos de sus oficinas para que los votantes republicanos se quejasen.

La gran mayoría de los congresistas republicanos se opusieron a la ley, que pretende renovar un parque de infraestructuras vetusto y anticuado. Muchos republicanos tildaron de “socialismo” el plan de infraestructuras de Biden. El propio presidente, en un acto reciente, se vengó de ellos porque muchos de los que criticaron el plan luego acabaron pidiendo dinero del mismo. “No sabía que había tantos republicanos socialistas”, se burló.

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