Querétaro plantea “muerte civil” para servidores públicos corruptos
El diputado Paul Ospital Carrera, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció una iniciativa para reformar la Constitución local y el Código Penal del Estado de Querétaro con el objetivo de implementar la “muerte civil” para servidores públicos que cometan actos de corrupción.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Ospital Carrera explicó en conferencia de prensa que la propuesta busca endurecer las sanciones para garantizar que quienes incurran en corrupción enfrenten consecuencias definitivas. “Querétaro será un estado donde el que la haga, la pague, y la pague de por vida”, señaló.
La iniciativa contempla modificaciones a los artículos 8 y 37 BIS de la Constitución Política del Estado de Querétaro, así como al artículo 260 del Código Penal del Estado.
De acuerdo con Ospital Carrera, las reformas tienen como propósito eliminar la posibilidad de acuerdos alternos para los funcionarios corruptos, como criterios de oportunidad, suspensiones o acuerdos reparatorios.
Además, establece que las acciones de los implicados generen antecedentes penales a través de un juicio o procedimiento abreviado, lo que les impedirá ocupar nuevamente cargos públicos o postularse a puestos de elección popular.
El legislador precisó que, aunque el procedimiento abreviado permite a los acusados reducir sus penas mediante la aceptación de la culpa y la reparación del daño, este proceso incluye una sentencia condenatoria, la cual quedará registrada en su historial penal.
Ospital Carrera subrayó que la medida es una respuesta a los altos índices de impunidad en el país, donde “nueve de cada 10 casos no terminan en sentencia y la mitad de ellos se resuelve con acuerdos alternativos”.
La iniciativa también contempla el incremento de penas en el Código Penal para los delitos de corrupción, que actualmente incluye 17 conductas específicas.
El legislador concluyó que esta reforma busca convertir a Querétaro en un referente en el combate a la corrupción y garantizar que quienes incurran en estas prácticas enfrenten consecuencias proporcionales y permanentes.
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