Petro insiste en la reforma a la salud, aunque ponga en riesgo el resto de cambios

Gustavo Petro, según ha podido comprobar con un ligero asombro el mundo político, se ha abierto en la última semana a dialogar con sus opositores y con los empresarios más ricos. Estos últimos forman un club que no le tiene demasiado afecto. Al presidente le ha vuelto a rondar la idea un gran acuerdo nacional que siente las bases de una transformación del país y cuente con el respaldo de todo el arco ideológico. Sin embargo, tiene una línea roja: la reforma de la salud. Pretende, a través de una ley, desmontar el actual sistema público-privado y caminar hacia uno en el que el Estado tenga más preponderancia: su lema es que con la salud no se puede ni se debe hacer negocio.

La oposición y algunos de sus socios de Gobierno —incluso uno de sus ministros, Alejandro Gaviria, que salió del gabinete por este asunto— se oponen frontalmente a la reforma. Consideran que el sistema, implantado en el año 93 para subsanar uno público con muchas carencias, funciona, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, véase el caso de Perú. En la pandemia resistió razonablemente bien y no llegó a colapsar. ¿Por qué empeñarse en cambiar algo que tiene defectos, pero que funciona al fin y al cabo?, piensan los defensores del actual modelo –que también incluyen gremios médicos, de pacientes y académicos–.

Esa insistencia de Petro ha resquebrajado las mayorías con las que contaba al principio de su mandato y ha puesto en peligro el resto de reformas. Por el camino ha caído una ministra de Salud, Carolina Corcho, a la que las críticas por intransigente devoraron. El ambiente a su alrededor se volvió insoportable. El presidente, sin embargo, no ha cedido ni un milímetro en su idea de llevar a cabo esta reforma en concreto que considera esencial para mejorar la atención primaria, sobre todo en las regiones más aisladas. Este domingo publicó un largo mensaje en su cuenta de X —su canal de comunicación oficial— donde expone lo que discutió sobre este tema con el expresidente Álvaro Uribe y miembros de su partido, el Centro Democrático, en una reunión celebrada el miércoles pasado.

Petro defendió el cambio porque cree que con el nuevo sistema se disminuirá la mayor parte de la morbilidad y las enfermedades del país y disminuirá los costos de la salud en unos años. Uribe y los suyos le hicieron ver que esos cambios se pueden hacer sin necesidad de una ley, a lo que el presidente respondió que intentó hacerlo así en la Guajira, donde decretó una emergencia económica por la falta de agua, pero que la Corte Constitucional se lo tumbó. “Buscaré los caminos para que se implante de manera directa”, prosigue el presidente en su explicación.

Teme que el siguiente Gobierno no sea de su cuerda y desmantele lo que él implemente, como le ocurrió después de su etapa como alcalde de Bogotá. Por eso quiere dejarlo plasmado en una ley. Las EPS —entidades prestadoras de salud— podrán administrar centros de atención primaria y cubrir todo el territorio, según Petro. Uribe quiere además que esas EPS sigan manejando el dinero público de la salud, algo a lo que él se niega rotundamente. Argumenta que estas empresas siguen criterios de mercado y construyen hospitales en lugares donde se concentran las clases más altas. El expresidente y los suyos le advirtieron que la ley se caería en la Corte Constitucional. “Se presentaría de nuevo todas las veces que sea necesario haciendo las correcciones que la corte diga”, explicó Petro. En otras palabras, no está dispuesto a rendirse fácilmente.

La esperada reunión entre el presidente de izquierdas y el expresidente de derechas tuvo también un efecto contraproducente e inesperado en el Congreso, que es donde al final se definirá la suerte de la reforma a la salud. La cumbre que pretendía tender puentes para acercar al uribismo acabó por alejar al partido progresista Alianza Verde, un socio muy dividido en sus posturas frente a Petro. Los verdes han sido parte de la coalición de Gobierno y mantienen representación en la propia Presidencia, pero varios de sus representantes más centristas se muestran cada vez más críticos frente a la reforma propuesta.

A la salida de la reunión del miércoles en la Casa de Nariño, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que es responsable de la reforma pero no de las relaciones con el Legislativo, criticó visiblemente molesto a los congresistas verdes que han ventilado sus reparos. “Uno tiene que asumir una posición clara, o se está con el Gobierno o se está en oposición”, dijo al reclamar que el partido no debía tener puestos si no acompañaba las reformas. Sus palabras provocaron un rechazo inmediato y crecientes llamados entre los verdes para abandonar la diezmada coalición de Gobierno y declararse en independencia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, intentó hacer un control de daños al ofrecer disculpas a los congresistas, pero fue demasiado tarde.

“Las palabras del ministro de Salud nos llevan a un punto de no retorno. Le pido a mi partido que nos vayamos a la independencia ya”, dijo en la plenaria del jueves la representante Catherine Juvinao, una de las más críticas. “Nos encontramos en el Congreso con una reforma supremamente radical, ideologizada en su visión anti-privados”, ha dicho a este periódico. “De fondo, la reforma fragmenta los servicios de salud, en la medida en la que crea una cantidad de nuevas instancias burocráticas. Las funciones que antes eran de las EPS se reparten en esa cantidad de entidades”, señala al resumir algunos de sus reparos. A su juicio, no queda otro camino que retirarla y presentar otra distinta. “Tienen que proponer algo mejor, no pueden arrasar con las capacidades instaladas del sistema. El Gobierno debe ser honesto con la ciudadanía: corrupción hay en lo público y en lo privado”, argumenta.

Petro conformó una autentica aplanadora legislativa al comienzo de su periodo, pero varias bancadas se han ido desmarcando del Pacto Histórico a raíz principalmente de la reforma a la salud. El Partido Conservador fue el primero en pasar a la independencia, y le siguió el Partido de la U, además de otras agrupaciones más pequeñas como En Marcha y la Alianza Social Independiente (ASI). En la oposición se mantienen, junto al Centro Democrático, Cambio Radical y la Liga de Gobernantes Anticorrupción –el partido de Rodolfo Hernández–. Las mayorías se antojan esquivas. Aunque los liberales se mantienen como parte de la coalición a pesar de algunas voces críticas, las cuentas del Gobierno en el Congreso se enredarían aún más sin los verdes.

De momento, no tiene los votos necesarios para que el proyecto avance en la Cámara de Representantes, y el tiempo apremia. En la accidentada sesión del jueves, ante la falta de cuórum, el presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, un aliado del Ejecutivo, suspendió la votación y citó para este lunes –como ha ocurrido en las últimas semanas–. Sin embargo, la sesión fue nuevamente aplazada para el martes. En medio de ese ambiente enrarecido, de aplazamiento en aplazamiento, las otras grandes reformas sociales que se propone el Gobierno del cambio –laboral, pensional y a la educación– siguen esperando su turno.

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